Durante la presentación del anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que la inversión pública pasará de $76,6 billones en 2025 a $81,9 billones en 2026, sugiriendo un aumento de más de $5 billones. Sin embargo, ese crecimiento es relativo.
Según el portal de Transparencia Económica del mismo Ministerio, la inversión real en 2025 no fue de $76,6 billones, sino de $83,9 billones. Esto significa que, de aprobarse el nuevo presupuesto, la inversión efectiva disminuiría, y no aumentaría, como se ha querido mostrar.
La discrepancia se debe a que el Gobierno tomó como base una cifra ajustada por recorte de caja, en lugar del total ejecutado. Específicamente, Hacienda excluyó $12 billones ejecutados en 2025 para mostrar una base comparativa más baja y así simular un crecimiento en 2026. Esta estrategia técnica distorsiona la percepción pública del verdadero comportamiento de la inversión.
Gasto de funcionamiento, el verdadero beneficiado
Mientras la inversión pierde terreno, el gasto de funcionamiento sigue creciendo aceleradamente. Entre 2022 y 2026, este rubro pasará de $253,9 billones a $353,4 billones, un incremento de $99,5 billones, que representa el 89,6% del crecimiento total del presupuesto nacional durante el actual gobierno.
La mayor parte de este crecimiento está asociado a aumentos en la nómina, transferencias y funcionamiento del aparato estatal, lo cual ha generado preocupación entre expertos.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo fue contundente al respecto:
“Estamos viendo un presupuesto que destruye la inversión a costa del derroche de la burocracia pública”.
Participación de la inversión se reduce
El peso de la inversión pública dentro del Presupuesto General también viene cayendo. En 2022, representaba el 19,8% del PGN, pero para 2026 la proyección la ubica en apenas el 15,3%.
En términos reales, esto implica una caída de la inversión pública de $83,7 billones en 2022 a $81,9 billones en 2026, lo que contradice el discurso oficial de fortalecimiento del gasto social y estratégico.
Pese al anuncio del Gobierno, los datos muestran que la inversión pública no crecerá en 2026. Por el contrario, disminuirá tanto en monto como en participación dentro del presupuesto nacional. Esta tendencia refleja un cambio estructural en la orientación del gasto público, donde el crecimiento del aparato estatal parece priorizarse por encima de la inversión en infraestructura, desarrollo y sectores estratégicos.
Expertos y sectores de la oposición ya alertan sobre el impacto que esta caída podría tener en el crecimiento económico, la competitividad y la equidad territorial en los próximos años.
