Hace exactamente un año, comenzaron las operaciones formales de intervención forense en La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín, un histórico sitio de desaparición forzada. En este periodo, se han removido cerca de 43 000 metros cúbicos de escombros, lo que ha permitido avances significativos en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas .
Desde el 18 y 19 de diciembre de 2024, fueron recuperados los primeros seis cuerpos identificados, marcando un hito tras décadas de denuncias sin resultados . En total, el sitio ha entregado al menos dos nuevos hallazgos recientes posibilitados gracias a la intervención técnica desarrollada durante el año .
La intervención ha contado con el acompañamiento de expertos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, el GATEF de la UIA (Unidad de Investigación y Acusación de la JEP), 10 peritos forenses, 20 operarios locales y maquinaria especializada provista por la Alcaldía de Medellín . La colaboración interinstitucional ha sido clave, aunque los familiares siguen exigiendo que el Estado nacional cumpla sus compromisos financieros y logísticos .
Organizaciones como Mujeres Caminando por la Verdad y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado han liderado actos simbólicos y exigido no solo recursos, sino también la ampliación de la intervención a otros sitios de memoria en Antioquia. En sus palabras: “la tierra ha comenzado a hablar, pero no puede volver a callar” .
A pesar de los avances, persisten desafíos críticos: son alrededor de 459 personas desaparecidas entre 1978 y 2016 en la Comuna 13, muchas de ellas aún por localizar, y se requieren acciones más decididas para cerrar el ciclo de impunidad . Las organizaciones exigen que el Estado cumpla con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía y otros entes competentes en la búsqueda e identificación de las víctimas .
Por ahora, La Escombrera se mantiene bajo estricta vigilancia, considerada oficialmente como escena del crimen, con acceso restringido y custodia permanente para preservar la integridad de las excavaciones y los restos óseos hallados .
Este primer año de intervención representa un avance sin precedentes que refleja el compromiso de colectivos de víctimas, justicia transicional e instituciones del Estado. Pero también llama la atención sobre la necesidad de mantener el impulso, garantizar recursos sostenibles y ampliar la búsqueda a otros sitios de desaparición forzada en Medellín y Antioquia.
