La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas: el acceso a medicamentos en Colombia está en crisis. A través de la Estrategia de Respuesta Inmediata y el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, se reveló que casi la mitad de los pacientes encuestados no ha recibido solución a sus solicitudes, y entre el 60 % y el 80 % no ha podido acceder a sus tratamientos completos.
Esto significa que miles de personas están comprando sus medicamentos por cuenta propia, a precios elevados, o simplemente están reduciendo las dosis o suspendiendo el tratamiento. El impacto es más fuerte en zonas rurales y comunidades étnicas, donde las barreras de transporte, infraestructura y abastecimiento agravan la situación.
Medicamentos esenciales como losartán, metformina, levotiroxina y atorvastatina —claves para tratar hipertensión, diabetes, problemas tiroideos y cardiovasculares— están entre los más reportados. Las EPS más señaladas son Nueva EPS (40 % de los casos), Sanitas (15 %), Salud Total (10 %) y Cajacopi (5 %), concentrando el 70 % de los reportes.
El 56 % de los pacientes ha tenido que pagar los medicamentos por su cuenta, el 13 % ha reducido las dosis y el 18 % ha optado por esperar o suspender el tratamiento. Estas decisiones han derivado en descompensaciones clínicas, agravamiento de enfermedades crónicas y mayor presión sobre hospitales, que ya enfrentan riesgo de colapso.
Ante este panorama, la Defensoría, junto con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Adres, ha impulsado la creación de PMU regionales y mesas interinstitucionales para monitorear el acceso a medicamentos. Se han anunciado compromisos como el seguimiento a EPS indígenas, atención prioritaria a veteranos de las Fuerzas Militares y vigilancia especial a Famisanar y Cajacopi.
La defensora Iris Marín Ortiz fue clara: “Necesitamos ir un paso más allá para darle solución a este problema tan crítico”. El llamado es urgente: garantizar el derecho a la salud no puede esperar.
