Un juez de control de garantías ordenó la liberación de dos hombres —identificados como Jovany Suaza (colombiano) y Brian Maltas (estadounidense)—, quienes habían sido capturados en el barrio Laureles por presunta explotación sexual de menores de 14 y 17 años, a quienes habían contactado por redes sociales con ofertas económicas para sostener encuentros íntimos .
Aunque la Fiscalía imputó cargos y el juez avaló la legalidad de las detenciones, se negó a ordenar prisión preventiva debido a que no existía flagrancia en el momento de la captura . Esto generó indignación entre organizaciones sociales; Katherine Jaramillo, subdirectora de la ONG Valientes Colombia, expresó: “Es indignante que explotadores, denunciados por menores, queden en libertad… el consentimiento no exime el delito” .
Según medios como Infobae, el caso se originó cuando los dos hombres denunciaron ante la Policía el hurto de tres celulares y tarjetas de crédito, valorados en más de $7 millones, por parte de las adolescentes. Sin embargo, la versión de estas fue opuesta: aseguraron que su contacto fue por redes sociales, ofreciendo 500 000 pesos a cada una por relaciones sexuales, y al no recibir el pago, retiraron los objetos .
La respuesta de una de las madres involucradas fue contundente. Al conocer la noticia de la liberación, dijo: “Me dio impotencia y rabia… sabiendo que esas personas agredieron a las niñas, ¿quién cuida a los menores de edad?” . Relató además que una de las adolescentes fue inducida y manoseada durante un supuesto “juego de policías y ladrones” .
Este escenario ocurre en un contexto preocupante: en lo que va de 2025, Medellín ha registrado ocho capturas por delitos sexuales cometidos por extranjeros, siete de ellos ciudadanos estadounidenses . Además, según cifras oficiales, entre 2010 y 2022 más de 3,000 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual en la ciudad .
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