El Gobierno Nacional radicó este lunes 1 de septiembre ante el Congreso la nueva reforma tributaria, denominada Ley de Financiamiento, con el objetivo de recaudar 26,3 billones de pesos para cubrir el déficit fiscal del presupuesto de 2026. Aunque el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que la canasta familiar no será gravada, diversos expertos han advertido que los nuevos impuestos que propone la iniciativa podrían generar un impacto indirecto en los precios de bienes de consumo básico, especialmente a través de los costos de transporte y servicios públicos.
Entre los principales puntos de la reforma se encuentra el aumento progresivo del IVA a los combustibles. La gasolina y el ACPM pasarán a tener una tarifa del 10 % en 2026, con la meta de llegar al 19 % en los años siguientes. A esto se suma un impuesto al carbono que también encarecerá el uso de energéticos como el gas, lo que según analistas podría trasladarse al costo final de los alimentos y de servicios esenciales.
El proyecto también incluye un incremento en el IVA para las bebidas alcohólicas, que dejarán de estar en el 5 % y se gravarán al 19 %. Una parte de lo recaudado se destinará a la financiación del sistema de salud departamental. El entretenimiento es otro de los sectores que se verán impactados: espectáculos deportivos, culturales y recreativos con boletas superiores a 500.000 pesos tendrán que pagar el IVA completo, al igual que las apuestas y juegos de suerte y azar, tanto presenciales como en línea.
Los servicios digitales y tecnológicos también se verán afectados. Software, almacenamiento en la nube, cirugías estéticas, arrendamientos para ferias o exposiciones, transporte de valores, parqueaderos y cuotas de administración de propiedad horizontal no residencial empezarán a pagar el IVA general. En el mismo sentido, vehículos híbridos, biocombustibles y alcohol carburante, que hasta ahora tenían beneficios tributarios, quedarán gravados con la tarifa plena del 19 %.
La reforma no solo toca a consumidores, sino también a empresas y grandes sectores económicos. El sector financiero enfrentará una sobretasa de hasta 15 puntos en el impuesto de renta, lo que elevaría la carga tributaria de los bancos y aseguradoras a cerca del 50 %. Las petroleras y carboneras también tendrían recargos adicionales, mientras que el impuesto al patrimonio se aplicará a partir de los 40.000 UVT y las ganancias ocasionales, como las obtenidas en rifas o herencias, tributarán con una tarifa del 30 %.
El paquete de medidas contempla igualmente a las plataformas digitales extranjeras, que deberán pagar IVA en todas las compras realizadas por los consumidores colombianos, incluso si ya se pagó un tributo en el país de origen. Iglesias y organizaciones religiosas que tengan ingresos comerciales también serán objeto de impuestos, algo que ha generado debate en distintos sectores sociales.
Las reacciones no se han hecho esperar. Lisandro Junco, exdirector de la Dian, advirtió que al gravar combustibles, gas y cuotas de administración, la reforma terminará golpeando a la clase media y a los estratos bajos, aumentando la inflación y encareciendo el costo de vida. Por su parte, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo criticó que la propuesta se tramite sin un plan claro de reducción del gasto público, lo que podría aumentar la presión económica sin resolver los problemas de fondo.
Con este nuevo intento de ajuste fiscal, el Gobierno busca garantizar recursos para sostener programas sociales, inversión en infraestructura y compromisos internacionales. Sin embargo, la discusión que se abre en el Congreso estará marcada por el pulso entre la necesidad de recaudo y las preocupaciones ciudadanas frente al costo de vida, en un contexto económico en el que la inflación y el desempleo ya generan preocupación en los hogares colombianos.
Foto: Internet
