En el corregimiento de Altavista, en la zona suroccidental de Medellín, dos sacerdotes católicos han denunciado ser víctimas de constantes amenazas de muerte por parte de estructuras criminales. Se trata de los religiosos Andrés Felipe Hio y Didier Alexander Villegas, integrantes de la Fraternidad Sacerdotal Misionera Ad Gentes, quienes aseguran que las intimidaciones están relacionadas con sus denuncias sobre abusos a menores, loteos ilegales y la crisis humanitaria que se vive en el sector conocido como Mano de Dios.
Los sacerdotes narraron que han encontrado panfletos en los que les ordenan abandonar la zona, acompañados incluso de proyectiles ensangrentados que fueron dejados en su vehículo. Además, han recibido llamadas amenazantes y se han sentido vigilados durante actividades humanitarias como la entrega de mercados a familias afectadas por deslizamientos e inundaciones en la zona. Para ellos, se trata de un mensaje claro de parte del grupo criminal Los Chivos, que opera en el corregimiento y que, según dicen, les advirtió directamente que no interfirieran en sus negocios ilegales.
Ambos religiosos expresaron que las amenazas no son nuevas, pero que en los últimos meses han aumentado en crudeza y frecuencia. “Sabemos que en cualquier momento nos pueden matar”, dijo el padre Hio, mientras que Villegas relató que las intimidaciones buscan callar su labor comunitaria y pastoral. Los sacerdotes subrayan que no se trata solo de su seguridad personal, sino de la vida de toda la comunidad de Altavista, que vive atrapada entre la pobreza y el control armado de estructuras ilegales.
Tras conocerse la denuncia, la Personería de Medellín, junto con la Alcaldía Distrital, activaron rutas de acompañamiento y pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía. La Policía ha realizado capacitaciones en autoprotección, mientras que la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúa el nivel de riesgo para definir medidas concretas. No obstante, los sacerdotes insisten en que lo que necesitan no son únicamente capacitaciones, sino protección efectiva que incluya escoltas y garantías reales para poder continuar su misión pastoral sin temor a perder la vida.
La situación de Altavista no es nueva. Este corregimiento ha vivido históricamente bajo la presión de grupos armados ilegales, y en los últimos meses se ha visto golpeado por el invierno, los desalojos forzados y el avance de loteos ilegales. Según los religiosos, estas dinámicas han sido aprovechadas por bandas criminales para fortalecer su poder en el territorio y expandir negocios ilícitos como el microtráfico. En este contexto, el trabajo social y espiritual de la Iglesia ha incomodado a los actores ilegales, que buscan silenciar cualquier voz que denuncie lo que ocurre en la zona.
El llamado de los sacerdotes es claro: que las autoridades no se limiten a pronunciamientos, sino que actúen con determinación para salvaguardar la vida de quienes arriesgan todo por defender a la comunidad. “Creemos en la providencia de Dios, pero también necesitamos que el Estado nos cuide”, afirmaron los religiosos, quienes a pesar de la amenaza manifiestan que no dejarán de acompañar a las familias más vulnerables del corregimiento.
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