El gobierno departamental de Antioquia prepara un ambicioso plan tecnológico para enfrentar amenazas crecientes en varias zonas del territorio. Según el general (r) Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad, se invertirá en la compra de 34 drones y cinco sistemas antidrones para apoyar a las fuerzas estatales, en particular en dos regiones afectadas por la actuación de grupos armados ilegales. La decisión responde al episodio del 21 de agosto, cuando un helicóptero de la Gobernación fue atacado con drones, evidenciando la fragilidad del control aéreo en el departamento.
Martínez explicó que los drones servirán como una avanzada tecnológica que permitirá realizar reconocimiento y patrullajes sin exponer al personal en situaciones de alto riesgo. De esta forma se optimizan recursos y se protege la integridad de policías y militares.
El secretario también señaló que Antioquia sufre una carencia significativa de fuerza pública: mientras la estimación ideal dice que debería haber alrededor de 16.750 policías, actualmente solo hay unos 7.150 activos. A esa cifra hay que restar quienes están de permiso, enfermos o asignados a tareas no operativas, lo que reduce aún más el número con capacidad efectiva de patrullaje.
El financiamiento provendrá de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana, un impuesto departamental que, hasta la fecha, ha recaudado casi 60.000 millones de pesos, con expectativa de llegar a cerca de $1 billón hasta diciembre de 2027.
Además de los drones y antidrones, la estrategia incluye fortalecer redes de vigilancia terrestre y tecnológica: instalar cámaras LPR (lectura de placas), reconocimiento facial en los municipios, y desplegar fibra óptica de más de 5.000 kilómetros que permita cámaras con visión en carreteras y puntos críticos. También se invertirán en dotación para agentes: cascos, chalecos antibalas, botas; y en vehículos como camionetas, motos, botes, camiones y motores.
Se aclara que, pese a algunas demandas que buscan declarar inválida la tasa de seguridad, esta se sustenta en normas ya avaladas por la Corte Constitucional, por lo que no hay riesgos legales inmediatos sobre su continuidad dentro del actual periodo administrativo.
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