Las autoridades de Medellín desarticularon una organización criminal dedicada a la explotación de menores de edad mediante la mendicidad. La operación, denominada “La cara oculta de la caridad”, dejó como resultado la captura de siete personas, señaladas de instrumentalizar a bebés y niños de hasta cinco años de la comunidad indígena Embera Katío con fines económicos.
El procedimiento se llevó a cabo en la calle 10 y en los barrios Carpinelo, Santa Cruz y Boston, lugares desde donde los detenidos se desplazaban a sectores de alta concurrencia turística como el parque Lleras, Provenza y El Poblado. Allí solicitaban leche, pañales, alimentos, medicamentos y dinero, principalmente a extranjeros, para luego revender esos productos y obtener ganancias ilícitas.
Según la investigación, que se extendió durante 10 meses e incluyó interceptaciones, agentes encubiertos, inspecciones judiciales y labores de vigilancia, la red alcanzaba recaudos mensuales cercanos a los 180 millones de pesos entre dinero y artículos revendidos.
“No vamos a permitir que se vulneren los derechos de niñas y niños en nuestra ciudad. Con la Fuerza Pública y la Fiscalía actuamos con autoridad y orden para poner fin a estas prácticas criminales que estaban afectando a comerciantes, turistas y a la comunidad”, afirmó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia.
Durante el proceso, la Policía de Infancia y Adolescencia documentó más de 900 protecciones a menores reincidentes en esta situación. Las autoridades confirmaron que entre los capturados hay ciudadanos colombianos y venezolanos, quienes ahora enfrentan cargos por explotación de menores de edad con fines de mendicidad y concierto para delinquir.
“En Medellín no habrá tolerancia con quienes atenten contra la niñez. Este operativo es una muestra de nuestra decisión de enfrentar el crimen organizado con resultados contundentes, en articulación con la Fiscalía y la Policía”, añadió el secretario.
Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras las investigaciones continúan para dar con otros posibles responsables y garantizar el restablecimiento de los derechos de los menores afectados.
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