Un jurado federal en Estados Unidos declaró culpable a Michael J. Inofuentes, un ciudadano estadounidense residente en Colombia, por los delitos de tráfico sexual infantil y conducta sexual ilícita en el extranjero. La investigación, que comenzó en Medellín, reveló que el hombre había abusado de una adolescente de 15 años, con quien sostenía comunicación frecuente a través de mensajes de texto y redes sociales. En estos intercambios se pactaban encuentros sexuales en hoteles de la ciudad, a cambio de dinero y otros beneficios.
Las autoridades estadounidenses y colombianas trabajaron de manera conjunta para recopilar las pruebas, entre ellas registros de conversaciones, comprobantes de pago y la ubicación de los encuentros. Según declaró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, los elementos entregados fueron “contundentes” y permitieron avanzar en un proceso judicial que sienta un precedente frente a los delitos sexuales cometidos por extranjeros en el país. La sentencia contra Inofuentes será emitida en enero de 2026 y podría ir desde una pena mínima de 10 años de cárcel hasta la cadena perpetua.
Este caso no es aislado. En las últimas semanas, otro ciudadano estadounidense, identificado como Stephen Paul Mueller, fue judicializado en Medellín por hechos similares. De acuerdo con la Fiscalía, Mueller habría contactado a una menor de 14 años en al menos dos ocasiones, ofreciéndole hospedaje y dinero a cambio de favores sexuales. Estos casos han generado alarma sobre la presencia de extranjeros que buscan aprovechar la vulnerabilidad de adolescentes en sectores turísticos de la ciudad.
Según datos de la Policía Metropolitana, solo en lo corrido de 2025 han sido capturadas cerca de 2.000 personas vinculadas a delitos sexuales contra menores en Medellín y su área metropolitana. Las autoridades destacan que la explotación sexual infantil es un fenómeno que se ha venido combatiendo con mayor fuerza en los últimos años, pero que aún requiere medidas más estrictas de control, vigilancia en alojamientos y mayor regulación en el uso de plataformas digitales, donde suelen iniciarse los contactos.
Tanto el gobierno colombiano como el de Estados Unidos han insistido en que este tipo de conductas no quedarán en la impunidad y que los responsables enfrentarán sanciones ejemplares. Casos como el de Michael Inofuentes ponen de relieve la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y la protección de la niñez frente a redes de explotación que siguen operando en distintos puntos del país.
Foto: Internet
