En Bogotá se presentó un hecho que marca un precedente en la justicia colombiana. Un juez de conocimiento envió a prisión preventiva a un hombre de 66 años acusado de robar mascotas en el sur de la ciudad para someterlas a abusos sexuales. La medida de aseguramiento fue dictada luego de que la comunidad de Ciudad Bolívar denunciara al sujeto, a quien sorprendieron cuando se llevaba a una perra en el barrio Gibraltar. Tras seguirlo hasta su vivienda, las autoridades intervinieron y hallaron varios animales que habrían sido víctimas de maltrato. Entre ellos se encontraba Keila, una perrita que actualmente recibe atención veterinaria por las lesiones sufridas.
La decisión judicial resulta histórica porque, aunque Colombia cuenta desde hace algunos años con la Ley 1774 que reconoce a los animales como “seres sintientes” y sanciona el maltrato, los casos de abuso sexual contra ellos no estaban contemplados como un delito autónomo, sino apenas como una circunstancia agravante. Esto había generado que en procesos anteriores los responsables fueran dejados en libertad a las pocas horas, lo que provocaba indignación entre defensores de animales y ciudadanos. En este caso, el juez determinó que existían riesgos procesales suficientes, como la posibilidad de fuga o de que el acusado reincidiera, y por ello decidió enviarlo a un centro penitenciario mientras avanza el proceso.
La senadora Andrea Padilla, reconocida activista por los derechos de los animales, celebró la decisión e indicó que este fallo demuestra la necesidad de fortalecer la legislación con la llamada “Ley Ángel”, proyecto que busca endurecer las penas y tipificar de manera independiente los delitos sexuales cometidos contra animales. Para ella, este es un paso fundamental hacia el cierre de vacíos legales que hasta ahora permitían la impunidad en hechos de extrema crueldad.
El caso ha generado gran conmoción en la capital. Vecinos del barrio Gibraltar aseguran que no era la primera vez que se sospechaba del hombre y que, en ocasiones anteriores, se habían reportado desapariciones de perros sin explicación. La comunidad, que fue clave en la captura, pide justicia y reclama que la condena, en caso de comprobarse los hechos, sea ejemplar. Organizaciones animalistas también han reaccionado, asegurando que este proceso debe sentar un precedente para que los abusadores de animales no vuelvan a salir libres sin sanciones.
Con esta decisión, Colombia entra en un terreno nuevo en materia de justicia animal. Aunque se trata de una medida cautelar y no de una condena definitiva, el envío a prisión preventiva de un acusado por abusar de perros representa un hito en la aplicación de la ley y un mensaje claro de que el maltrato animal, en todas sus formas, empieza a ser tratado con la gravedad que merece. El país ahora queda a la expectativa de cómo avance el juicio y de si este caso abrirá el camino hacia una protección más efectiva para los animales.
