La crisis financiera del sistema de salud en Antioquia sigue profundizándose por cuenta de las deudas acumuladas de las EPS con hospitales públicos y privados. Según cifras de la Secretaría de Salud departamental y gremios médicos, los pasivos ya superan los $4 billones en el departamento, una situación que ha encendido alarmas en clínicas, hospitales y asociaciones de prestadores.
En la red hospitalaria pública, las obligaciones ascienden a $1,7 billones, lo que significa un aumento de más de $145.000 millones frente al cierre de 2024. Por su parte, los hospitales privados de mayor complejidad reportan deudas superiores a los $2,3 billones, con proyecciones que podrían acercarse a los $3 billones este año. Esta realidad ha obligado a varios centros médicos en municipios como Caucasia, Turbo, Puerto Berrío y Santa Fe de Antioquia a exigir pagos inmediatos a las EPS, llegando incluso a amenazar con suspender servicios por una deuda cercana a los $60.000 millones solo con la Nueva EPS.
El impacto ya es visible: clínicas como la Clínica Antioquia y la Clínica del Norte en el Valle de Aburrá tuvieron que cerrar servicios de urgencias de mediana y alta complejidad, lo que ha generado una mayor presión sobre hospitales de referencia como el San Vicente Fundación y el Pablo Tobón Uribe, que hoy enfrentan sobreocupación y declaratorias de emergencia hospitalaria.
El problema, sin embargo, no es exclusivo de Antioquia. A nivel nacional, la deuda hospitalaria ya supera los $24 billones, de acuerdo con el último informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). En solo seis meses, el déficit creció un 18,4 %, es decir, alrededor de $3,7 billones más. Gran parte de este hueco financiero proviene de EPS intervenidas o bajo vigilancia, que concentran más de la mitad de la deuda.
La Nueva EPS encabeza la lista con obligaciones que rondan los $6,6 billones, seguida por Sanitas con $1,6 billones y Coosalud con $1,1 billones. El 56 % de las facturas emitidas ya está en mora superior a los 60 días, lo que agrava el flujo de caja de las instituciones prestadoras. Además, se ha advertido que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) resulta insuficiente para cubrir los costos reales de atención, especialmente en regiones apartadas.
En Antioquia, el panorama se complica con la discusión de un proyecto que busca modificar la Ley 715 para que los recursos del régimen subsidiado vayan directamente a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), lo que, según expertos, podría dejar aún más descubiertas las cuentas de hospitales intermedios y de alta complejidad.
La Asociación de Hospitales y Clínicas, junto con autoridades locales, han elevado llamados urgentes al Gobierno nacional y a la Superintendencia de Salud para que se tomen medidas inmediatas. Entre las propuestas figuran la adopción de mecanismos de rescate financiero temporal, la exigencia de mayores garantías a las EPS intervenidas y la revisión del modelo de flujo de recursos.
De no adoptarse correctivos en el corto plazo, advierten los prestadores, el sistema hospitalario de Antioquia podría enfrentar un colapso en la prestación de servicios básicos y de alta complejidad, afectando directamente la atención de millones de usuarios.
