La Cancillería de Colombia condenó con dureza la detención —que calificó como un secuestro— de las dos ciudadanas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes iban a bordo de la flotilla Global Sumud, un convoy internacional con ayuda humanitaria rumbo a Gaza.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, la captura ocurrió en aguas internacionales, valiéndose de la fuerza armada israelí. En el comunicado oficial, el Gobierno afirma que esta acción viola tanto el derecho internacional como los Convenios de Ginebra.
“Rechaza, en los más drásticos términos, el secuestro en aguas internacionales … por parte de la fuerza armada israelí … plena violación del derecho internacional y de los Acuerdos de Ginebra.”
“El Gobierno de Colombia exige la liberación inmediata de sus ciudadanas … y pide a los gobiernos de España, Bangladesh, Brasil, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, Tailandia, Turquía y Sudáfrica actuar prontamente … para proteger la vida e integridad de sus respectivos connacionales.”
El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un crimen internacional y ordenó la expulsión inmediata de toda la delegación israelí en Colombia. Por su parte, el gobierno de Israel anunció que los activistas serán deportados a Europa.
La flotilla Global Sumud partió de Barcelona y estaba compuesta por unos 45 barcos y cientos de activistas provenientes de más de 45 países, con el propósito de entregar ayuda humanitaria en Gaza. Varios países latinoamericanos ya han manifestado su rechazo a la operación israelí, así como exigencias en defensa de sus ciudadanos retenidos.
