El 2 de octubre de 2025, en las instalaciones de la cárcel La Picota en Bogotá, los líderes de las organizaciones criminales Los Costeños y Los Pepes firmaron un pacto de cese de actividades delictivas en Barranquilla y su área metropolitana, que tendrá vigencia hasta el 20 de enero de 2026.
En el acuerdo, los cabecillas Jorge Eliécer Díaz Collazos (alias “Castor”) y Digno José Palomino Rodríguez (alias “Digno”) se comprometieron a suspender homicidios, extorsiones y hurtos, y a desvincular a menores de edad de sus filas. También incluyeron el retiro progresivo de sus economías ilegales, la desactivación de los picós como espacios de control territorial criminal y convocaron a otras estructuras armadas que operan en la ciudad para que se sumen al proceso de paz urbana.
El acto de firma contó con la presencia de representantes del Estado, entre ellos Camilo Pineda, delegado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien fungió como garante del pacto. Durante su intervención, este delegado sostuvo que el pacto constituye “un gesto inicial de voluntad de paz y desescalamiento del conflicto” y que puede servir como plataforma para la desarticulación futura de esas estructuras criminales.
El presidente Gustavo Petro valoró el acuerdo y subrayó que la tregua no puede entenderse simplemente como un entendimiento entre dos bandas, sino como parte de una reconciliación más amplia entre grupos armados y la ciudadanía barranquillera. Afirmó que “la paz no es entre dos bandas en Barranquilla. La paz debe ser entre las bandas que se deben desmantelar y la ciudadanía barranquillera”.
No obstante, la efectividad del pacto se pone en tela de juicio. Un día después de su firma, se registró un ataque sicarial en una barbería del barrio Pinar del Río (sur de Barranquilla), en el que al menos tres personas fueron asesinadas. Este hecho reaviva las dudas sobre el alcance real de la tregua y si los compromisos serán respetados en las calles.
Ante esto, las autoridades locales abrieron investigaciones, mientras la comunidad permanece expectante. Se plantean interrogantes sobre mecanismos de verificación ciudadana, la continuidad de operativos policiales y la transparencia en el cumplimiento del acuerdo. La tregua surge en un contexto donde Barranquilla acumula cientos de homicidios en lo que va de 2025, lo que enfatiza la urgencia de soluciones concretas frente a la violencia urbana.
