Israel informó que este sábado deportó a Turquía a 137 activistas que formaban parte de la flotilla Global Sumud, una misión humanitaria con destino a Gaza.
La flotilla había zarpado en septiembre desde Barcelona con voluntarios de decenas de países para llevar ayuda humanitaria al territorio palestino, y estaba compuesta por unos 40-45 barcos.
Entre los activistas deportados se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Marruecos, Italia, Kuwait, Libia, Malasia, Mauritania, Suiza, Túnez, Jordania y Turquía.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel los calificó como “provocadores” en una publicación en la red social X.
Situación de las activistas colombianas
En la flotilla viajaban también dos ciudadanas colombianas, Manuela Bedoya y Luna Valentina Barreto.
No obstante, fuentes diplomáticas turcas y declaraciones oficiales han indicado que las colombianas no estarían entre los 137 deportados hacia Turquía.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que sus funcionarios en Tel Aviv visitaron el centro de detención donde se encuentran las activistas, recogiendo denuncias sobre las condiciones en que están siendo retenidas.
Las detenidas reportaron, según informes, que en las últimas 48 horas no han recibido alimentación adecuada, enfrentan limitaciones para acceder a agua potable y han sido sometidas a procedimientos que afectarían su dignidad física.
Hasta ahora, Israel ofrece un mecanismo de deportación rápida: los extranjeros capturados pueden admitir que entraron ilegalmente a Israel para acelerar su expulsión.
En el caso de Bedoya y Barreto, reportes indican que aceptaron los cargos impuestos por el gobierno israelí, lo que permitiría su deportación en un plazo máximo de dos días.
Sin embargo, hay controversia porque el ingreso al territorio israelí no fue voluntario, sino bajo custodia tras la interceptación en aguas internacionales.
Denuncias de trato y reacciones internacionales
Varios activistas deportados han denunciado haber sido sometidos a tratos violentos: esposamientos, golpes, insultos y amenazas con armas, además de negación de agua, medicamentos y acceso al baño.
Uno de ellos afirmó:
“Nos trataron como animales”
Organizaciones de derechos humanos y gobiernos de países participantes han condenado la operación israelí. Turquía calificó la interceptación como un “acto de terrorismo”.
El ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, ha visitado el puerto de Ashdod donde están retenidos y en redes ha llamado “terroristas” a los activistas.
Mientras tanto, algunas embarcaciones aún continúan rumbo a Gaza pese al bloqueo y las interferencias.
