Como parte del avance del proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), se ha decidido suspender temporalmente operaciones ofensivas militares y policiales en zonas rurales de Nariño y Putumayo. Esta medida busca facilitar la entrega, verificación y destrucción de 14 toneladas de armamento en poder de esa organización armada.
Según los decretos 1052 y 1053 de 2025, la suspensión será microfocalizada: sólo se aplicará a operaciones ofensivas contra la CNEB dentro de cuadrantes de 25 km² (zonas de 5×5 km), relacionadas con los sitios autorizados para la destrucción del material bélico. Las operaciones destinadas a proteger la población y aquellas contra economías ilegales, como el narcotráfico o la minería ilícita, continuarán en marcha.
La suspensión se hará en tres fases temporales:
- 9 al 14 de octubre en Putumayo (Punto A)
- 19 al 24 de octubre en Nariño (Punto B)
- 29 de octubre al 3 de noviembre también en Nariño (Punto C)
El cronograma total abarca 18 días distribuidos en esas tres ventanas. Las ubicaciones precisas de los sitios de entrega serán mantenidas en reserva por razones de seguridad.
La verificación y destrucción del armamento estarán a cargo de equipos técnicos del Ministerio de Defensa, la Oficina del Comisionado para la Paz y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA). Por su parte, el grupo disidente (CNEB) debe cumplir con la entrega progresiva de las armas y garantizar el acceso a los lugares señalados para su destrucción.
El decreto presidencial incluye mandatos específicos para la Fuerza Pública, orientados a garantizar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos durante el proceso.
Este acuerdo con la CNEB surge al interior de un contexto complejo: la Coordinadora nace tras fracturas internas en la disidencia de la Segunda Marquetalia, vinculada con estructuras de las antiguas FARC. Las negociaciones se habían detenido previamente, luego del ataque en Putumayo donde dos soldados fueron incinerados, lo que generó tensión en la mesa. En reactivarse los diálogos, el Gobierno señaló que no había pruebas contundentes que incriminaran directamente a la CNEB por ese hecho.
A pesar de la suspensión parcial, el Estado advierte que no se trata de un cese al fuego general ni una tregua amplia: sólo las operaciones ofensivas con fines bélicos contra la CNEB serán suspendidas, mientras que las acciones contra las economías ilegales se mantendrán activas. Algunas voces han advertido el riesgo: comunidades en zonas rurales podrían quedar vulnerables durante estos lapsos, si bien el Gobierno afirma que la suspensión será estrictamente delimitada.
