El 10 de octubre de 2025, el Congreso del Perú destituyó de manera exprés a la presidenta Dina Boluarte, alegando “incapacidad moral permanente”, en medio de una crisis política marcada por escándalos de corrupción, inseguridad y desconfianza ciudadana hacia las instituciones. En su lugar fue designado como presidente interino José Jerí, quien presidía el Congreso, lo que generó un rechazo inmediato entre amplios sectores sociales, especialmente jóvenes, debido a denuncias previas en su contra y a la falta de legitimidad del proceso.
La destitución de Boluarte desató una ola de manifestaciones en Lima y otras regiones del país. La noche del 15 de octubre, miles de personas —en su mayoría jóvenes de la llamada “Generación Z”— salieron a las calles en una marcha convocada a través de redes sociales para exigir la renuncia de Jerí, la disolución del Congreso y medidas reales frente a la inseguridad y la corrupción. En un inicio, la protesta se desarrolló de forma pacífica, con cantos, performances artísticas, pancartas y símbolos de protesta, pero con el paso de las horas derivó en violentos enfrentamientos con la policía en el centro de Lima, especialmente en los alrededores del Congreso.
De acuerdo con France 24, SwissInfo y AP News, los disturbios dejaron al menos una persona muerta, identificada como Eduardo Ruíz Sanz, de 32 años, y más de 100 heridos, entre ellos 78 policías y 24 manifestantes. La Defensoría del Pueblo confirmó que 102 personas fueron hospitalizadas tras los enfrentamientos, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó que 15 agentes de la Unidad de Servicios Especiales resultaron lesionados por impacto de piedras y objetos contundentes. Sin embargo, medios como Infobae elevaron la cifra de uniformados heridos a 29.
Además, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú denunció que al menos seis comunicadores fueron agredidos por la policía o alcanzados por perdigones mientras cubrían las manifestaciones. Varias imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron a agentes lanzando gases lacrimógenos y proyectiles directamente hacia la multitud, mientras los manifestantes respondían con piedras, fuegos artificiales y barricadas improvisadas.
El presidente interino José Jerí aseguró que las protestas fueron infiltradas por “grupos violentistas y delincuentes” que buscaban generar caos, y anunció que se investigará a los responsables de los disturbios. No obstante, los manifestantes denunciaron un uso excesivo de la fuerza y acusaron al nuevo gobierno de intentar criminalizar la protesta social.
El primer ministro Ernesto Álvarez, recién designado, agravó la tensión al declarar que las movilizaciones estaban promovidas por “sectores radicales” y comparó a la Generación Z con “grupos que quieren asaltar la democracia”, lo que generó aún más indignación. Colectivos estudiantiles, organizaciones feministas y agrupaciones civiles afirmaron que las declaraciones del premier son una muestra del desprecio de la clase política hacia los jóvenes, quienes en los últimos años se han convertido en el motor de la movilización social en Perú.
Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentran la renuncia inmediata de Jerí, la disolución del Congreso, una reforma política integral, el fin de la impunidad y la implementación de políticas concretas contra la criminalidad, uno de los principales flagelos del país. También piden que se escuche a la juventud como actor político real y no como amenaza, en un contexto donde la población joven es la más golpeada por la desigualdad y la falta de oportunidades.
Estas protestas se suman a un ciclo de inestabilidad política que Perú vive desde hace más de una década. En los últimos seis años, el país ha tenido seis presidentes, varios de ellos destituidos o forzados a renunciar por casos de corrupción o crisis institucionales. La caída de Boluarte y la llegada de Jerí evidencian nuevamente la fragilidad del sistema político peruano y la profunda desconexión entre las élites políticas y la ciudadanía.
Advierten que si el gobierno interino no logra contener la escalada de violencia ni atender las demandas sociales con transparencia y diálogo, podría enfrentarse a un nuevo colapso institucional. La creciente desconfianza, el hartazgo ciudadano y la represión policial alimentan una tensión social que podría derivar en una crisis de gobernabilidad aún más profunda.
En las calles de Lima, los manifestantes coreaban una frase que resume el sentimiento general: “No es por un presidente, es por el país entero”.
