El 18 de octubre de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los dos sobrevivientes de un ataque militar realizado por fuerzas estadounidenses contra una embarcación semisumergible en el mar Caribe, serán repatriados a sus países de origen, Colombia y Ecuador, para su detención y procesamiento.
La embarcación, descrita por la Casa Blanca como un “submarino de narcotraficantes” que navegaba hacia los EE. UU. a través de una ruta conocida de tránsito de drogas, habría sido atacada el jueves anterior por tropas estadounidenses en lo que la Administración define como parte de una campaña contra el “narcoterrorismo”. Según Trump, en el ataque murieron dos personas y otras dos fueron capturadas con vida.
El presidente afirmó que la inteligencia estadounidense había confirmado que la embarcación estaba cargada principalmente con fentanilo y otras drogas ilícitas. Washington sostiene que esta operación es la sexta de su tipo en el Caribe en los últimos meses, en un contexto de creciente despliegue militar de los EE. UU. en la región, incluyendo en aguas cercanas a Venezuela.
La Administración estadounidense busca evitar que los detenidos sean procesados en tribunales estadounidenses o tratados como prisioneros de guerra, optando por enviarlos a sus países de origen. Algunos expertos legales han expresado preocupación por la base jurídica de estos ataques, dada la falta de autorización del Congreso y las leyes de guerra tradicionales.
Por su parte, el gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, calificó el ataque como una violación de su soberanía y del derecho internacional.
