El expresidente Álvaro Uribe Vélez —quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010— está pendiente de la sentencia que el Tribunal Superior de Bogotá leerá en segunda instancia tras su condena en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
En julio de 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda lo declaró culpable, convirtiéndolo en el primer exmandatario colombiano en ser condenado tras un juicio penal. La sentencia inicial imponía 12 años de prisión domiciliaria, aunque posteriormente la orden fue revisada y Uribe quedó en libertad mientras se definía la apelación.
El proceso, que se remontaba a 2012, comenzó luego de que Uribe denunciara al senador Iván Cepeda Castro por manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema revirtió la situación y abrió investigación contra Uribe por presunta manipulación del sistema judicial mediante ofrecimientos a testigos para cambiar sus versiones.
Los hechos probados señalan que el abogado de Uribe, Diego Cadena, visitó detenidos exparamilitares y les habría ofrecido beneficios a cambio de retractarse o modificar sus testimonios. La defensa del expresidente alega persecución política, mientras que sus adversarios lo señalan como un parteaguas en la lucha judicial contra el poder político.
La decisión de hoy no sólo define la situación de Uribe —incluyendo su posibilidad de postularse al Senado o ejercer cargos públicos—, sino que tiene implicaciones directas para el mapa político colombiano de cara a las elecciones de 2026.
Entre los escenarios previstos está que el Tribunal confirme la condena, reduce la pena o incluso la revoque. Expertos citados señalan que podría ratificar un delito y eliminar otro, o bien atenuar la sanción.
