El lunes 22 de octubre de 2025, el presidente interino de Perú, José Jerí, declaró un estado de emergencia por 30 días en la zona metropolitana de Lima y en la vecina provincia constitucional del Callao, con el objetivo prioritario de frenar la escalada de inseguridad, violencia organizada, extorsiones y homicidios que afectan al país.
Jerí, quien asumió la Presidencia tras la destitución de Dina Boluarte el 10 de octubre por el Congreso —acusada de no controlar la crisis de violencia—, explicó que la situación actual “ha crecido de forma desproporcionada en los últimos años, causando un dolor inmenso a miles de familias y también frenando el progreso del país. Pero eso se acabó. Hoy comenzamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad”.
Añadió: “Pasamos de la defensa a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos.”
Alcance del decreto
- La medida será efectiva desde la medianoche del miércoles siguiente al anuncio (aproximadamente ese miércoles 22).
- Ampara a la zona de Lima Metropolitana y Callao.
- El decreto autoriza la participación de las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional para colaborar en el resguardo del orden público y afrontar la actividad criminal organizada.
- Se contemplan restricciones a derechos constitucionales: libertad de reunión, movimiento y manifestación podrían verse limitados.
Causas y detonantes
Las razones esgrimidas por el gobierno para esta decisión son múltiples:
- Un aumento de homicidios: según datos oficiales, entre enero y septiembre se registraron 1.690 asesinatos, frente a 1.502 en el mismo período de 2024.
- Crecimiento de la extorsión: se estima un incremento cerca del 30 % este año, con miles de denuncias.
- Protestas generalizadas por inseguridad y corrupción: la represión, los bloqueos y una muerte en manifestaciones recientes profundizaron la crisis.
- En particular, sectores del transporte público (como colectiveros y conductores) han sido blanco de la extorsión criminal, lo cual ha generado paralizaciones y movilizaciones ciudadanas.
Este no es el primer estado de emergencia que se decreta en Perú para hacer frente a la violencia. En marzo de 2025, el gobierno de Boluarte ya había declarado uno similar sin lograr una reducción significativa de los indicadores de inseguridad.
Expertos y analistas advierten que la mera militarización o ampliación de facultades no es suficiente: “No se aborda la raíz del problema”, señala un exfuncionario de seguridad.
Asimismo, algunos sectores sociales consideran que la medida podría utilizarse para reprimir protestas legítimas y limitar derechos civiles en un clima político ya de por sí tenso.
Durante los próximos 30 días, el gobierno deberá implementar acciones concretas más allá del despliegue militar: inteligencia, reforma policial, mejor coordinación territorial y un plan claro de largo plazo. El éxito de la medida dependerá de esas estructuras, no sólo del anuncio. La ciudadanía espera ver resultados rápidos, pues la confianza en las instituciones está erosionada. Este estado de emergencia también tendrá que lidiar con el desafío de restaurar la legitimidad del poder público en un país que ya vivió múltiples gobiernos en poco tiempo.
