El pasado 30 de octubre de 2025, en la Universidad del Atlántico (Barranquilla), se registraron manifestaciones fuertes tras la elección del nuevo rector, Leyton Barrios Torres. En ese contexto, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra miembros por determinar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, por el presunto uso excesivo de la fuerza durante esos hechos.
La investigación se centra en averiguar si los uniformados emplearon gases lacrimógenos de manera desproporcionada y si autorizaron un sobrevuelo de helicóptero en el recinto universitario, lo cual podría constituir una vulneración de la autonomía universitaria y poner en riesgo la seguridad de estamentos de la institución.
Los hechos vienen acompañados de una paralización de clases indefinida en siete de las diez facultades de la universidad (Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Económicas, Bellas Artes, Humanidades, Química y Farmacia, Ciencias Básicas), como protesta por la designación de Barrios, la cual está rodeada de cuestionamientos: presuntos vínculos con el poderoso clan Char, dudas sobre el cumplimiento de sus años de docencia y funciones directivas, y alegaciones de irregularidades en los certificados laborales que presentó.
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso, recordando que “no se pueden violentar manifestaciones pacíficas de estudiantes” y pidió que la situación sea investigada a fondo.
Por su parte, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para garantizar los derechos de los involucrados y la transparencia institucional.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación Nacional también abrió un proceso de investigación sancionatoria por las denuncias sobre la elección del rector en la misma universidad.
Este episodio pone de relieve la tensión entre autonomía universitaria, derecho a la protesta estudiantil y la intervención del Estado mediante la fuerza pública, en un contexto político y académico altamente polarizado en la región del Atlántico.
