Lo que pintaba como un gran paso hacia la transición energética en Colombia terminó en una gran incógnita. El Ministerio de Minas adjudicó dos contratos por $400.000 millones para instalar paneles solares en La Guajira y Chocó, beneficiando a 12.700 hogares. Pero el plazo de ejecución era de solo dos meses, algo que expertos calificaron como “imposible” e “inviable”.
Los contratos fueron entregados a Dispac, empresa que presta el servicio de energía en Chocó. Aunque su propuesta fue una de las mejor calificadas entre 173 postuladas, el cronograma exigía que en ocho semanas se instalaran las plantas solares, se capacitaran los beneficiarios y se entregaran las obras. En comparación, proyectos similares han tardado entre 10 y 135 meses.
A pesar de la defensa del Ministerio, que aseguró que las condiciones sí permitían cumplir con el plazo, Dispac decidió declinar los contratos, dejando en el aire el destino de los recursos y de miles de familias que esperaban el servicio.
Este revés pone en duda la viabilidad de la estrategia de comunidades energéticas, una de las apuestas clave del Gobierno Petro para llevar energía renovable a 20.000 hogares antes de 2026. Aunque se han inaugurado cerca de 200 comunidades, el ritmo está lejos de la meta de 5.000 proyectos en 2024.
La transición energética necesita más que buenas intenciones: requiere planificación, transparencia y tiempos realistas. Por ahora, el Ministerio no ha aclarado qué pasará con los recursos ni con los hogares que esperaban la energía solar como solución.
