El pasado 24 de octubre de 2025, el U.S. Department of the Treasury, a través de su unidad de control de activos estadounidenses Office of Foreign Assets Control (OFAC), sancionó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como a su esposa Verónica Alcocer, su hijo mayor Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti, acusándolos de vínculos con el narcotráfico y de permitir que organizaciones criminales prosperaran en Colombia.
La medida se sustenta en la orden ejecutiva Executive Order 14059, la cual permite sancionar a personas extranjeras que “han participado o intentado participar” en el comercio ilícito internacional de drogas.
El Gobierno de Estados Unidos argumenta que desde que Petro asumió la presidencia, la producción de cocaína en Colombia alcanzó niveles récord, y que su plan de “paz total” favoreció ambientes en los cuales los cárteles pudieron operar con mayor facilidad.
En paralelo a las sanciones, el diario colombiano El Colombiano reportó que las autoridades estadounidenses ya están solicitando información sobre migraciones y movimientos financieros relacionados con un grupo de ocho personas (entre colombianos y extranjeros) en países europeos como Italia, Suecia y España, lo que evidencia que las consecuencias del listado podrían extenderse más allá del mandatario y su entorno inmediato.
Un ejemplo concreto de los efectos prácticos: durante una escala en Madrid de un avión presidencial colombiano, se reportó que una empresa se negó a suministrar combustible al aparato por temor a sanciones estadounidenses, lo que generó una pausa logística en plena gira internacional de Petro.
La respuesta de la presidencia colombiana fue de rechazo contundente. Petro calificó la sanción como “una arbitrariedad” y un intento de “poner de rodillas” a Colombia, afirmando que él no tiene cuentas en EE.UU. y que su gobierno ha incautado más cocaína que ningún otro.
A su vez, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, indicó que la medida no tiene como objetivo dañar al pueblo colombiano ni su economía, sino sancionar únicamente a individuos específicos.
Este nuevo episodio marca un punto de inflexión en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, tradicionalmente aliadas en la lucha contra el narcotráfico, y plantea interrogantes sobre la estabilidad financiera de funcionarios sancionados, la reacción del sistema bancario colombiano y la posibilidad de nuevas inclusiones en la lista de sancionados estadounidenses.
