Documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que el gobierno de Israel contrató a la empresa Bridges Partners LLC para desarrollar una campaña global de influenciadores denominada Proyecto Esther. Según los archivos clasificados, el contrato —firmado bajo el registro FARA (Foreign Agents Registration Act) en mayo de 2022— contempló un presupuesto aproximado de 900.000 dólares con el objetivo de mejorar la imagen internacional de Israel en medio de la creciente tensión y las críticas por su ofensiva militar en Gaza.
De acuerdo con la información revelada, decenas de creadores de contenido alrededor del mundo fueron invitados a participar en viajes pagados a Israel, donde debían publicar contenidos “positivos” en sus redes sociales, mostrando la cultura, la gastronomía y la innovación tecnológica del país. Estos viajes, presentados como experiencias turísticas o educativas, formaban parte de una estrategia de comunicación cuidadosamente planificada para suavizar la percepción internacional del conflicto.
Sin embargo, la polémica no tardó en estallar. En redes sociales, diversos usuarios y organizaciones criticaron la iniciativa al considerar que, mientras Gaza enfrenta una devastación humanitaria, las plataformas digitales se llenan de sonrisas, paisajes y discursos financiados por un aparato de propaganda estatal.
Varios expertos en comunicación y ética digital han señalado que ser influencer implica una responsabilidad social, especialmente en contextos de guerra y sufrimiento. El silencio, la indiferencia o la promoción superficial de mensajes oficiales —afirman— también pueden convertirse en una forma de violencia simbólica.
El Proyecto Esther se suma así a una larga lista de estrategias de “diplomacia digital” que buscan moldear la opinión pública global a través de la estética y el entretenimiento, demostrando el poder —y los riesgos— de la influencia en la era de las redes sociales.
