El 13 de noviembre de 1985, en la noche, una erupción del volcán Nevado del Ruiz desató una avalancha de lodo, agua y escombros que arrasó el municipio de Armero, departamento del Tolima, Colombia. Se estima que murieron entre 20 000 y 25 000 personas y quedaron varios miles de heridos y desaparecidos.
Los estudios geológicos y los alertas previos habían detectado actividad creciente en el volcán, y se sabía de riesgo lahares (flujos de lodo) producto del derretimiento del glaciar del Nevado del Ruiz. Sin embargo, las advertencias no se tradujeron en una evacuación efectiva ni en una protección adecuada para la población de Armero.
Cuatro décadas después del suceso, el informe de la Defensoría del Pueblo concluye que el Estado desconoce el número exacto de sobrevivientes, dónde se encuentran, cuántas viviendas tienen título legal, o cuántos niños fueron separados de su familia en la tragedia.
En muchos casos, los sobrevivientes viven en viviendas sin servicios básicos entregadas sin formalización jurídica, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
El impacto psicológico de lo sucedido permanece latente: depresión, insomnio, pesadillas, miedo recurrente son reportes habituales entre quienes sobrevivieron. Según los datos del informe, cerca del 70 % de los afectados manifiestan estos síntomas, pero sólo un 19 % ha recibido atención psicológica formal.
El territorio de Armero prácticamente desapareció: lo que fue un municipio próspero hoy es un escenario de ruinas, maleza y memoria.
Los sobrevivientes denuncian que “estamos en todo lado menos en Armero” porque fueron desplazados sin que se garantizara su retorno ni una reconstrucción con garantías de vivienda digna.
Además, la pérdida de su comunidad, el desarraigo territorial, la desaparición de referentes colectivos se han convertido en heridas sociales de largo plazo.
La Defensoría advierte que la reparación está inconclusa. Los vacíos institucionales, normativos, la invisibilidad de los afectados y la falta de continuidad en la atención estructural mantienen vivo el sufrimiento.
Los reclamos incluyen: un censo oficial actualizado, garantía de vivienda formalizada, programas de salud mental específicos, identificación de los niños desaparecidos, base de datos de ADN para reunir familias.
La tragedia de Armero obligó a Colombia a repensar su sistema de gestión de riesgos, monitoreo volcánico y la toma de decisiones de evacuación. Aún así, los expertos señalan que persisten zonas vulnerables y que la prevención sigue siendo una asignatura pendiente.
Armero ya no es sólo un hecho histórico: es un recordatorio vigente de que la memoria, la justicia, la vivienda digna y la atención integral a los sobrevivientes no pueden esperar otros cuarenta años.
