En la mañana del 13 de noviembre de 2025, se conoció que algunos altos funcionarios de Ecopetrol acudieron a la sede de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá para sostener una reunión privada con representantes de esa misión diplomática.
El motivo formal del encuentro fue el estado de cumplimiento normativo de la empresa estatal, pero durante la cita se planteó un escenario de riesgo: la posibilidad de que más directivos de Ecopetrol, incluido su presidente Ricardo Roa, puedan ser incluidos en la lista de personas sancionadas de la OFAC (la llamada “Lista Clinton”).
Según versiones de medios que citan fuentes en Washington, el temor concierne a que la decisión del 24 de octubre de 2025 que incluyó al presidente Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti, sea apenas el primer paso de un barrido mayor de altos cargos del Gobierno colombiano.
En ese contexto, Ecopetrol vive una doble presión: por un lado el escenario internacional, de posible sanción o recortes de acceso financiero; por otro, la interna, al ver aumentar la incertidumbre sobre la continuidad de la gobernabilidad corporativa, la transparencia y las relaciones con los mercados. La empresa estatal, que presenta sus resultados del tercer trimestre de 2025 esta semana, tiene proyectada una utilidad de entre 2,5 y 2,7 billones de pesos.
Entre los riesgos específicos mencionados se destacan:
- Que la inclusión de más directivos en la Lista Clinton conlleve sanciones que limiten sus operaciones financieras internacionales o con entidades con conexiones en EE.UU.
- Que la reputación de Ecopetrol se vea deteriorada, lo que podría afectar la valoración de la empresa, la confianza de los inversionistas y las capacidades de financiamiento. (En octubre de 2025 la compañía ya mostraba serias señales de crisis reputacional).
- Que haya un impacto diplomático entre Colombia y EE.UU., con repercusiones más allá del sector petrolero, pues la medida se relaciona con acusaciones de facilitación de narcotráfico para la producción de cocaína bajo la administración Petro.
Fuentes cercanas al Gobierno colombiano y al sector financiero afirman que desde Washington se está revisando “flujo de dinero, viajes, inversiones y vínculos energéticos” que podrían llevar a nuevas inclusiones en la lista de sancionados.
Por su parte, Ecopetrol aún no ha emitido un comunicado público que confirme los detalles del encuentro con la embajada estadounidense ni las deliberaciones que allí se adelantaron. Sin embargo, en el sector interno de la empresa ya circula la hipótesis de que deben reforzarse las unidades de cumplimiento (“compliance”), prevención de lavado de activos y de cumplimiento de sanciones internacionales.
