El presidente Gustavo Petro anunció que solicitará una investigación forense sobre los archivos atribuidos a alias “Calarcá”, uno de los jefes de las disidencias de las FARC, con el fin de establecer la autenticidad de los chats, correos y documentos que han generado preocupación por posibles vínculos con miembros del Estado. El mandatario afirmó que solo tomará decisiones cuando exista claridad técnica sobre la veracidad de los datos extraídos de los dispositivos incautados durante operativos militares.
Los archivos fueron revelados inicialmente por Noticias Caracol y posteriormente ampliados por otros medios como El País y El Colombiano. Según los reportes, incluyen supuestas comunicaciones entre “Calarcá” y altos mandos militares, entre ellos el general Juan Miguel Huertas, así como registros que mencionan a Wilmar Mejía, director de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia. Estos documentos, cuya autenticidad aún no ha sido certificada, motivaron que el Gobierno pidiera un análisis especializado por parte de equipos forenses del Estado.
El Ministerio de Defensa, dirigido por el general (r) Pedro Sánchez, informó que inició una investigación interna para revisar cada uno de los elementos mencionados en los archivos. El ministro aseguró que todas las dependencias involucradas deberán suministrar información completa a las autoridades competentes y se comprometió a entregar los resultados a la Fiscalía General de la Nación, que ya abrió un proceso de verificación sobre el origen y la validez del material incautado.
De manera paralela, el presidente Petro señaló que algunas de las filtraciones mediáticas podrían contener errores y cuestionó que parte de la información tenga, según él, origen en reportes extranjeros. Sin embargo, organizaciones políticas y congresistas pidieron transparencia en el proceso. Entre ellos, la representante Jennifer Pedraza manifestó que el país necesita claridad inmediata para evitar incertidumbres institucionales, mientras que otras figuras públicas advirtieron sobre el riesgo que implicaría una posible infiltración de estructuras criminales en organismos de inteligencia.
Las revelaciones han generado amplio debate público y presión sobre las autoridades para entregar conclusiones verificables. Tanto el Gobierno como la Fiscalía indicaron que los resultados de los análisis forenses serán determinantes para aclarar si los documentos reflejan hechos reales o si se trata de información alterada. Mientras se completan las pesquisas, el Ejecutivo ha insistido en que no tomará decisiones administrativas ni disciplinarias hasta contar con pruebas verificadas por equipos técnicos especializados.
