La construcción de una segunda pista en el aeropuerto internacional José María Córdova (Rionegro, Antioquia) enfrenta múltiples cuestionamientos técnicos, financieros y jurídicos a pocas semanas de que el Gobierno Nacional emita la resolución que aprobará el Plan Maestro del aeropuerto. Según una veeduría técnica integrada por instituciones como Camacol, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI) y la Pontificia Universidad Bolivariana, el proyecto adolece de falta de claridad pública en sus diseños y costos.
Entre las preocupaciones más importantes está el elevado costo: la ampliación se estima en 22 billones de pesos, cifra que ha despertado dudas entre los expertos sobre su justificación técnica y financiera. Además, la veeduría señala detalles operacionales críticos, como la distribución de posiciones para aviones, la ubicación de la torre de control y la integración entre la pista existente y la nueva.
Por otra parte, el tema predial también ha generado tensiones. Más de 360 predios en veredas de Rionegro habían sido declarados de “utilidad pública” para permitir su compra por parte del Estado, pero esa declaratoria ya venció y no se ha levantado formalmente, lo que ha dejado a muchas familias en un limbo legal. El Tribunal Superior de Antioquia intervino para resolver parte del conflicto: dictaminó que la Oficina de Registros Públicos de Rionegro debe permitir que los propietarios desafecten sus predios, lo que desbloquea trámites como licencias de construcción, sucesiones y legalización.
El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil han respondido a estas críticas asegurando que la ampliación es clave para responder al crecimiento vertiginoso del tráfico en el aeropuerto: desde 2022, el José María Córdova ya supera su capacidad de 11 millones de pasajeros al año. También se ha planteado un modelo de financiación público-privado para hacer viable la obra.
Finalmente, para aliviar la presión mientras se define la construcción de la segunda pista, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) destinará 146.000 millones de pesos para mejoras operacionales en el aeropuerto en una primera etapa. Sin embargo, para muchos veedores, esto no es suficiente ante la magnitud del reto técnico, jurídico y social que implica la gran inversión proyectada.
