El debate sobre el salario mínimo para 2026 en Colombia no solo gira en torno al porcentaje del incremento, sino también sobre cómo este ajuste se cruza con la reducción progresiva de la jornada laboral que empezará a aplicarse en junio del próximo año. La combinación de ambos factores podría traer efectos inesperados en el mercado laboral, según advierten expertos y gremios económicos.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) ha lanzado una alerta: subir el salario mínimo y reducir las horas trabajadas incrementa el costo por hora laboral, lo que presiona a las empresas a reorganizar turnos, asumir pagos adicionales por horas extra o contratar más personal. Esto, en sectores donde la mano de obra es el principal costo, podría traducirse en mayores precios para los consumidores o incluso en freno a la contratación formal.
Actualmente, la jornada laboral en Colombia se reducirá de manera gradual hasta llegar a 42 horas semanales en junio de 2026, mientras que el salario mínimo se ajustará en las próximas semanas. Las propuestas sobre la mesa oscilan entre un aumento del 7,2 %, defendido por gremios empresariales, y cerca del 16 %, impulsado por sindicatos. Aunque el incremento busca compensar la inflación y mejorar el poder adquisitivo, ANIF advierte que ajustes por encima de la regla técnica —que suma inflación más productividad— pueden generar distorsiones. De hecho, entre 2022 y 2023 los aumentos estuvieron entre 3 y 5 puntos porcentuales por encima de esa fórmula, lo que elevó los costos laborales sin respaldo en productividad.
Los sectores más vulnerables a esta combinación son aquellos intensivos en mano de obra: educación privada, guarderías, peluquerías, servicios médicos y trabajo doméstico. En estos casos, el incremento salarial y la reducción de horas podrían disparar los precios finales, afectando directamente a los usuarios y reduciendo la competitividad de los negocios.
Para los analistas, el riesgo no es menor: si las empresas no logran absorber el aumento en costos, podrían recurrir a la informalidad, reducir contrataciones o incluso cerrar operaciones. Esto sería un golpe para la generación de empleo formal, justo cuando el país busca consolidar la recuperación económica.
El llamado de los expertos es claro: se necesita prudencia en el gasto público, ajustes salariales basados en productividad y medidas que permitan a las empresas adaptarse sin sacrificar empleo. La reducción de la jornada laboral es un avance en calidad de vida, pero debe ir acompañada de políticas que eviten que el costo de la mano de obra se convierta en una barrera para la formalidad y la estabilidad económica.
