En Antioquia, el delito de trata de personas continúa enfrentando serias falencias en el sistema judicial. Datos oficiales recopilados a partir de registros judiciales muestran que solo cerca del 3 % de los procesos abiertos por este delito llegan a juicio, y apenas un 2 % culmina en condenas, a pesar de los operativos y capturas anunciados con frecuencia por las autoridades. Esta situación evidencia una profunda brecha entre la acción policial y los resultados judiciales efectivos.
Las cifras indican que la mayoría de los casos queda estancada en las primeras etapas del proceso penal. Cerca del 90 % de las investigaciones no supera la fase de indagación preliminar, y apenas un pequeño porcentaje avanza a investigación formal o imputación. Como consecuencia, muchos expedientes se archivan con el paso del tiempo, dejando a las víctimas sin acceso a justicia ni reparación.
Los casos identificados en el departamento muestran patrones reiterados, como la captación de mujeres jóvenes mediante falsas ofertas de empleo, promesas de viajes o supuestas oportunidades económicas, que terminan en escenarios de explotación sexual, tanto en el país como en el exterior. También se han documentado situaciones de explotación de menores de edad, cuyos procesos judiciales han enfrentado dilaciones prolongadas.
A nivel nacional, las autoridades han alertado sobre un aumento en la identificación de víctimas de trata de personas, con al menos 277 sobrevivientes reportados en lo corrido del año, siendo la explotación sexual la modalidad más frecuente. Estos datos reflejan que el fenómeno no solo persiste, sino que continúa afectando principalmente a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.
Investigaciones periodísticas recientes también han dado cuenta de casos en Antioquia en los que presuntos responsables han quedado en libertad por vencimiento de términos o falta de pruebas suficientes, lo que refuerza la percepción de impunidad. Esta realidad, según expertos, genera desconfianza en las víctimas y desincentiva la denuncia formal ante las autoridades. Frente a este panorama, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos insisten en la necesidad de fortalecer la investigación penal, mejorar la protección integral a las víctimas y garantizar un acompañamiento efectivo durante todo el proceso judicial. Además, piden mayor articulación entre las instituciones para evitar que los casos de trata de personas sigan quedando sin sanción en Antioquia y en el país.
