En una operación judicial contra el patrimonio de grupos del crimen organizado, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas de extinción de dominio sobre 18 bienes vinculados a las estructuras delincuenciales conocidas como La Oficina y Caicedo, con presencia en el Valle de Aburrá y otros municipios de Antioquia. La acción, desarrollada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, busca golpear financieramente a estas organizaciones señaladas de narcotráfico, extorsión y otros delitos.
Los activos afectados están valorizados en más de 3.460 millones de pesos, según las autoridades, e incluyen 15 inmuebles (apartamentos, parqueaderos y un lote rural) ubicados en Medellín, Envigado, Sabaneta y El Retiro, así como tres vehículos que, según los investigadores, eran utilizados en las operaciones delictivas. La Fiscalía determinó que estos bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones, homicidios selectivos y desplazamientos forzados.
Durante las indagaciones, los fiscales también establecieron que varios de los inmuebles estaban registrados a nombre de familiares o personas cercanas a los presuntos cabecillas de La Oficina y Caicedo, en un aparente intento de ocultar la verdadera propiedad ante los operadores de justicia. Ante ello, se ordenó la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los bienes, con el fin de asegurar que no puedan ser transferidos o vendidos mientras avanza el proceso judicial.
Este nuevo operativo se enmarca dentro de una estrategia más amplia de las autoridades colombianas para afectar el músculo financiero de las organizaciones criminales, utilizando la figura de extinción de dominio para intervenir bienes de origen sospechoso y evitar que sigan financiando delitos. Otros casos previos han incluido ocupaciones similares de activos vinculados a redes de narcotráfico y lavado de activos en diferentes regiones del país.
Organismos como la Fiscalía han señalado que estas medidas buscan no solo recuperar bienes de procedencia ilícita, sino también debilitar las estructuras criminales desde sus recursos financieros, impidiendo que los activos sigan siendo utilizados para sostener actividades delictivas. La acción también envía un mensaje sobre la intención del Estado de perseguir tanto a los integrantes de las bandas como a su patrimonio.
