El Gobierno colombiano declaró una emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, lo que dejó un déficit cercano a 16 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026. Ante este panorama, el presidente Gustavo Petro anunció que se utilizarán facultades extraordinarias para implementar medidas tributarias sin pasar por el trámite legislativo habitual, con el objetivo de garantizar recursos para programas sociales y evitar un colapso fiscal. Entre las decisiones más polémicas está el incremento del gravamen a los movimientos financieros: el tradicional 4×1.000 pasará a 5×1.000 desde enero. Aunque el Gobierno asegura que será una medida temporal, este cambio impactará directamente en retiros, transferencias y pagos electrónicos, afectando a millones de colombianos, especialmente hogares, trabajadores independientes y pequeños negocios que dependen del sistema bancario para sus operaciones diarias.
El decreto también contempla nuevos impuestos a las apuestas en línea, que estarán gravadas con IVA del 19 % desde el momento del depósito, así como incrementos en los impuestos para licores, cigarrillos y vapeadores, con tarifas específicas y ad valorem. Además, se aplicará un impuesto al patrimonio para personas y empresas con bienes superiores a 40.000 UVT, con tarifas progresivas que van desde el 0,5 % hasta el 5 % según el nivel patrimonial, y se cobrará un 1 % sobre la primera venta o exportación de carbón y petróleo crudo. Según el Ministerio de Hacienda, estas medidas buscan cubrir el hueco fiscal y garantizar la financiación de proyectos estratégicos, pero gremios empresariales y analistas advierten que podrían desincentivar la bancarización, afectar el consumo y generar incertidumbre sobre la inversión.
La declaratoria de emergencia económica ha abierto un intenso debate jurídico y político. Algunos sectores cuestionan si existe una crisis que justifique omitir el control legislativo, mientras otros advierten que la medida podría ser inconstitucional. La Corte Constitucional será la encargada de revisar la legalidad del decreto y determinar si se cumplen los requisitos para legislar mediante esta figura excepcional. El Gobierno insiste en que la decisión es necesaria para evitar un colapso presupuestal y proteger el gasto social, pero el impacto en el bolsillo de los colombianos será inmediato y plantea interrogantes sobre la estabilidad fiscal, la confianza en el sistema financiero y el futuro de la política tributaria en el país.
