El aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia se ha convertido en uno de los temas más discutidos en las últimas semanas, no solo por su impacto en los trabajadores, sino también por las implicaciones que tendrá en las finanzas de las empresas. Actualmente, se manejan tres propuestas principales que reflejan las posiciones de los diferentes actores: gremios empresariales, Gobierno y centrales obreras. Cada una plantea un porcentaje distinto de incremento, lo que se traduce en variaciones significativas en el costo total que las compañías deberán asumir por cada empleado.
La propuesta más conservadora proviene de los gremios empresariales, que sugieren un aumento del 7,21 %. Con este ajuste, el salario mínimo pasaría a ser de $1.525.598 COP, y el costo mensual total por trabajador, incluyendo todas las obligaciones legales, alcanzaría aproximadamente $2,49 millones. Este cálculo considera no solo el salario básico, sino también el auxilio de transporte, aportes a salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación y prestaciones sociales como primas, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones. Los empresarios argumentan que este incremento está alineado con la inflación proyectada (5,3 %) y la productividad (0,91 %), buscando un equilibrio que no afecte la estabilidad económica ni la generación de empleo.
Por otro lado, el Gobierno propone un aumento del 12 %, que llevaría el salario mínimo a $1.593.760 COP y elevaría el gasto empresarial a más de $2,6 millones mensuales por empleado. Este escenario es considerado el más probable, ya que busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores sin desbordar los costos para las empresas. En este caso, el auxilio de transporte sería de $224.000 COP, las primas y cesantías de $151.419 COP cada una, intereses de cesantías por $18.178 COP, vacaciones por $66.460 COP, aportes a pensión por $183.072 COP, ARL por $7.964 COP y caja de compensación por $61.024 COP. Estos valores muestran cómo cada punto porcentual adicional en el incremento del salario mínimo tiene un efecto directo en la estructura de costos de las compañías.
Finalmente, las centrales obreras defienden un aumento del 16 %, argumentando que el salario mínimo debe ser “vital y móvil”, tal como lo establece la Constitución y los convenios internacionales de la OIT. Con esta propuesta, el salario base sería de $1.650.680 COP y el costo total por empleado rondaría los $2,69 millones mensuales. Para los sindicatos, este ajuste es necesario para garantizar condiciones dignas y compensar el impacto de la inflación en los hogares colombianos. Sin embargo, este escenario genera preocupación en el sector empresarial, que advierte sobre posibles efectos adversos como la reducción de contrataciones, el aumento de la informalidad y la presión sobre los precios de bienes y servicios.
La decisión final se conocerá en enero, cuando el Gobierno expida el decreto que fijará el salario mínimo para 2026. Más allá de la cifra, el debate refleja la tensión entre la necesidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la capacidad de las empresas para asumir mayores costos sin comprometer su sostenibilidad. Lo cierto es que cualquier incremento tendrá un impacto significativo en la economía nacional, y las compañías deberán prepararse para ajustar sus presupuestos y estrategias en función del nuevo panorama laboral.
