Caracas / Nueva York, 3 de enero de 2026. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron formalmente imputados en Estados Unidos por cinco graves cargos federales, según confirmó la fiscal general estadounidense, Pam Bondi. El proceso judicial se llevará a cabo ante una corte del Distrito Sur de Nueva York, uno de los tribunales más relevantes para casos de crimen organizado y narcotráfico internacional.
De acuerdo con el anuncio oficial, las imputaciones están relacionadas con actividades de narcotráfico, terrorismo y posesión ilegal de armamento, tras investigaciones que se extendieron por varios años y que involucraron a distintas agencias federales de Estados Unidos. La fiscal Bondi aseguró que existen pruebas suficientes para llevar a Maduro y Flores ante la justicia estadounidense.
El primer cargo corresponde a conspiración de narcoterrorismo, que señala a Maduro de coordinar con organizaciones criminales el uso del narcotráfico como herramienta de financiamiento y violencia. El segundo cargo es conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, por presuntamente facilitar el envío de grandes cargamentos de droga hacia territorio estadounidense.
El tercer cargo imputado es la posesión de ametralladoras, un delito federal grave en Estados Unidos, mientras que el cuarto cargo se refiere a la posesión de dispositivos destructivos, que incluye explosivos u otros artefactos prohibidos. Ambos delitos están vinculados, según la acusación, a estructuras criminales asociadas al narcotráfico.
El quinto cargo es conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos, una acusación que agrava el caso al implicar una amenaza directa a la seguridad nacional. De ser hallados culpables, Maduro y Flores podrían enfrentar condenas de varias décadas de prisión o incluso cadena perpetua, según la legislación federal.
Estas imputaciones se suman a señalamientos previos realizados por el Departamento de Justicia desde 2020, cuando Washington acusó a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles, una red que, según EE. UU., operaba desde el poder político venezolano para traficar cocaína. El caso ha generado un fuerte impacto internacional y reaviva el debate sobre la relación entre justicia, soberanía y crimen transnacional.
