La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado de alerta frente a la crisis que atraviesa la Nueva EPS y exigió la implementación inmediata de un plan de contingencia para garantizar la atención integral de millones de afiliados. El requerimiento se da tras el incremento de quejas por demoras en citas médicas, fallas en la entrega de medicamentos y problemas en la atención prioritaria de pacientes con enfermedades crónicas, VIH y patologías huérfanas.
Según el Ministerio Público, la situación se agravó luego de la terminación del convenio con el operador farmacéutico Colsubsidio a finales de 2025, lo que afectó a cerca de 1,6 millones de usuarios y generó desabastecimiento, largas filas y protestas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En Ibagué, por ejemplo, se registraron manifestaciones de afiliados que denuncian la falta de soluciones efectivas por parte de la EPS.
Ante este panorama, la Procuraduría pidió medidas urgentes que prioricen la entrega de medicamentos y la atención a pacientes de alto costo. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro respondió señalando que la raíz del problema está en los embargos judiciales sobre los recursos de la salud, que suman cerca de dos billones de pesos. Petro calificó esta situación como “codicia” y aseguró que ha dado instrucciones a la Superintendencia de Salud para actuar, insistiendo en que la Procuraduría debería enfocarse en hacer cumplir el fallo que prohíbe dichos embargos.
Este cruce de declaraciones se da en medio de un seguimiento mensual que la Procuraduría realiza a la Nueva EPS desde junio de 2025, con el fin de verificar los ajustes estructurales necesarios para superar las dificultades financieras y operativas que impactan directamente a los pacientes. La crisis pone en evidencia la fragilidad del sistema de salud y la urgencia de soluciones efectivas para garantizar el derecho fundamental a la atención médica.
