Fenalco, la Federación Nacional de Comerciantes, presentó este miércoles una demanda ante el Consejo de Estado para anular el decreto que fijó el salario mínimo para el 2026, además de solicitar su suspensión provisional inmediata. Según el gremio, que aglutina a comerciantes de todo el país, el aumento de 23,7 % —declarado en contexto de emergencia económica— carece de sustento técnico y viola las normas legales vigentes.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió que esta medida podría provocar la pérdida de más de 770.000 empleos formales, especialmente en pequeños y medianos negocios que no tendrían margen para asumir los nuevos costos laborales. El gremio argumenta que la decisión del Gobierno sustituyó variables obligatorias como inflación, productividad, crecimiento del PIB y participación de los salarios sobre el ingreso nacional, por el concepto de “salario vital”, tomado de referentes de la OIT aunque, según Fenalco, no es vinculante para Colombia.
Otro punto crítico es que, según Fenalco, el Decreto 1469 de 2025 desconoce la competencia del DANE, encargado legalmente de certificar la canasta del IPC, factor central para medir la inflación. También advierten que no existe explicación técnica de cómo se pasó de un ajuste justificable cercano al 6,21 % a un aumento de 23,7 %, lo que genera incertidumbre jurídica, presiona los precios y amenaza la estabilidad laboral.
El pronunciamiento de Fenalco se da dentro de una creciente tensión entre el Gobierno y los gremios: mientras el Ejecutivo defiende el incremento como parte de su modelo de “salario vital”, los comerciantes lo consideran un riesgo económico y social. El pronunciamiento de hoy coincide con acciones similares, como una tutela presentada por el expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares, quien argumenta que el decreto vulnera el debido proceso y el requisito de concertación tripartita.
Con esta demanda, Fenalco busca frenar el impacto económico que el decreto representa para numerosos negocios y trabajadores. Será el Consejo de Estado quien determine si el decreto sigue vigente mientras se resuelve el fondo del asunto.
