La Corte Constitucional decidió suspender de manera provisional el decreto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica en diciembre de 2025, una medida excepcional que le otorgaba facultades para crear impuestos y tomar decisiones fiscales sin pasar por el Congreso. La Sala Plena tomó la decisión con una votación de 6 magistrados a favor y 2 en contra, mientras realiza un examen de fondo sobre la constitucionalidad del decreto.
Esta suspensión es inédita: es la primera vez en la historia constitucional del país que la Corte utiliza esta medida cautelar sobre un decreto de estado de excepción, debido a dudas sobre su ajuste a los mandatos constitucionales.
El decreto —identificado en algunos reportes como parte del paquete legislativo de emergencia— había sido expedido luego de que el Congreso hundiera la ley de financiamiento, con la cual el Gobierno esperaba recaudar 16 billones de pesos para el presupuesto del 2026. Con la emergencia económica, el Ejecutivo había proyectado obtener aproximadamente $12 billones a través de nuevos impuestos, incluyendo gravámenes al tabaco, licores y medidas sobre el sector energético. Estas disposiciones quedaron automáticamente suspendidas con la decisión del alto tribunal.
La ponencia que sustentó la suspensión fue elaborada por el magistrado Carlos Camargo, quien advirtió posibles vicios de forma y falta de argumentos sobrevinientes, un requisito clave para declarar un estado de emergencia. El tribunal deberá determinar si la crisis fiscal alegada por el Gobierno era suficiente para justificar un mecanismo extraordinario.
Por su parte, el presidente Petro defendió públicamente la emergencia alegando que tumbarla podría generar una “crisis fiscal”, señalando que los sectores más ricos debían devolver parte de los subsidios para cubrir el déficit derivado del modelo de combustibles. Sin embargo, gremios económicos y voces técnicas solicitaron a la Corte frenar la medida mientras se aclaraban sus fundamentos.
Con la suspensión, el Gobierno pierde temporalmente las facultades excepcionales para expedir decretos con fuerza de ley. Esto implica que cualquier ajuste fiscal deberá tramitarse por vías ordinarias, lo que aumenta la incertidumbre sobre cómo se financiará el presupuesto nacional en las próximas semanas.
