Las recientes revelaciones sobre los archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein han generado una fuerte polémica política en Estados Unidos, especialmente en torno a las declaraciones y la postura del presidente Donald Trump y su administración.
El Departamento de Justicia publicó una gran cantidad de documentos asociados al financista condenado por delitos sexuales, obligando también al Congreso a revisar materiales sin tachaduras que antes se mantenían ocultos. Aunque la Casa Blanca había prometido transparencia, la publicación ha puesto a prueba y, en algunos casos, contradicho varias afirmaciones oficiales.
Entre los documentos más discutidos figura uno que contiene un reporte de una entrevista del FBI de 2019 con un exjefe de policía de Palm Beach (Florida). Ese documento sugiere que Donald Trump podría haber tenido conocimiento de la mala conducta de Epstein décadas antes de haberlo negado públicamente en otras ocasiones, al señalar que “todo el mundo sabía que llevaba tiempo haciendo esto” cuando las autoridades empezaron a investigarlo.
La Casa Blanca insiste en que Trump y Epstein habían terminado su amistad hace años y subraya que el presidente ha descrito a Epstein como “repugnante”, insistiendo en que no hay evidencia de que Trump participara en actividades criminales relacionadas con los delitos de Epstein.
Además de cuestionar las versiones oficiales, legisladores de ambos partidos han expresado preocupaciones sobre omisiones, tachaduras y nombres de personas poderosas que al parecer fueron protegidos indebidamente en los documentos. Esta situación ha generado tensiones en el Congreso y pedidos de mayor transparencia en la divulgación completa de los archivos.
En medio de este debate, la administración Trump enfrenta críticas tanto de opositores como, en algunos casos, de miembros de su propio partido, sobre cómo se ha manejado la publicación y el análisis de estos archivos que contienen detalles sensibles sobre uno de los escándalos más complejos de la última década.
