El panorama económico del país dio un giro inesperado este viernes, 13 de febrero, luego de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026, el cual había aumentado un 23,7 % respecto al año anterior. La medida frenó de inmediato los efectos del Decreto 1469 de 2025, mientras se profiere una decisión de fondo.
La suspensión fue decretada tras múltiples demandas que señalaban que el aumento no cumplía con los criterios técnicos exigidos por la ley, como inflación real, productividad, PIB y metas del Banco de la República. El alto tribunal determinó que el Gobierno tendrá ocho días para expedir un nuevo decreto transitorio basado en parámetros estrictamente técnicos y alineados con la normativa vigente.
¿Por qué se suspendió el decreto?
Según el Consejo de Estado, existían “indicios suficientes de ilegalidad” en la motivación del aumento. El tribunal señaló que el Gobierno habría priorizado el concepto de “salario vital” derivado de estudios de la OIT, dejando de lado los criterios legales obligatorios. También cuestionó la desproporción frente a la inflación, pues mientras la cifra oficial era del 5,3 %, el incremento decretado era más de cuatro veces mayor.
Además, la decisión se tomó para evitar efectos económicos irreversibles, como distorsiones fiscales, presiones inflacionarias y riesgos en la sostenibilidad de obligaciones públicas y privadas.
Las reacciones: el país político estalla
La medida generó un terremoto político inmediato.
● Armando Benedetti, ministro del Interior, calificó la decisión como “política” y aseguró que “las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos”.
● Iván Cepeda, candidato presidencial, afirmó que se trata de una “medida regresiva y arbitraria”, incluso advirtiendo que podría haber movilizaciones en rechazo.
● Gustavo Bolívar, exsenador, aseguró que la suspensión constituye “una afrenta a la lucha contra la desigualdad y la pobreza”.
● Desde el Ministerio de Trabajo, el ministro Antonio Sanguino calificó la decisión como “nefasta”, advirtiendo que afecta a entre “9 y 10 millones de colombianos”.
¿Qué sigue ahora?
El Gobierno tendrá hasta ocho días para publicar un nuevo salario mínimo provisional, que deberá ajustarse únicamente a factores económicos verificables:
● Inflación causada
● Productividad
● Meta del Banco de la República
● Variables macroeconómicas
Este decreto transitorio regirá mientras se resuelve la demanda de nulidad en curso.
La decisión reabre el debate sobre los límites legales para fijar el salario mínimo, y de paso, tensiona aún más el ambiente político y económico del país.
