Medellín ya le metió el acelerador a uno de los proyectos más grandes y polémicos de los últimos años: la nueva megacárcel para sindicados, una estructura que muchos comparan con el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. La obra, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, busca atacar de frente uno de los problemas más pesados de la ciudad: el hacinamiento crítico en estaciones de Policía y URIs.
¿Qué tan grande será la cárcel?
El nuevo penal tendrá capacidad para 1.339 personas, todas en condición de sindicadas, es decir, personas privadas de la libertad que todavía no han sido condenadas. El alcalde ha sido claro: “Aquí no va a haber hacinamiento”.
La infraestructura contará con seis pabellones, cada uno con capacidad aproximada de 250 internos, y un pabellón adicional para adultos mayores y personas con discapacidades. La idea es garantizar condiciones dignas, pero también un modelo estricto de control.
Un modelo al estilo internacional
Este proyecto toma como referencia experiencias de cárceles modernas en México, Estados Unidos y el famoso Cecot en El Salvador. La apuesta es clara: orden, control y disciplina. El penal incluirá un centro de control tecnológico de última generación, capaz de bloquear comunicaciones ilegales para evitar que desde adentro se sigan coordinando delitos como extorsiones.
Otro punto clave es que esta cárcel no será administrada por el Inpec, sino por un operador privado bajo un modelo de vigilancia especializada, tal como ya ocurre en cárceles de Barranquilla y Rionegro, a la espera de reglamentación final.
¿Cómo va la construcción?
La megacárcel se está levantando en el occidente de Medellín y actualmente registra un avance del 9 %, según la Alcaldía. Las obras en marcha incluyen excavaciones, muros de contención, estructuras de pabellones, obras hidráulicas y la vía de acceso.
La inversión total del proyecto asciende a 675.000 millones de pesos, financiados inicialmente por privados gracias a un esquema de alianza público‑privada (APP). El Distrito empezará a pagar cuotas entre 56.000 y 60.000 millones de pesos al año entre 2027 y 2038.
¿Por qué era necesaria esta obra?
Porque el hacinamiento venía ahogando a la ciudad. La Corte Suprema había exigido a Medellín construir un centro exclusivo para sindicados. Estaciones como La Candelaria, Laureles y Belén superaban entre 300 % y 500 % su capacidad. La megacárcel busca aliviar esta crisis y mejorar la dignidad en la reclusión temporal.
Con este proyecto, Medellín se perfila para tener uno de los sistemas de control penitenciario más modernos del país, con enfoque en derechos humanos, tecnología y una infraestructura robusta que marque un antes y un después en la forma en que se manejan los sindicados en Colombia.
