Bogotá, Colombia – Este 21 de febrero de 2026 se cumplen cuatro años desde que la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, sin necesidad de cumplir con las tres causales que antes limitaban el acceso legal. La decisión, tomada el 21 de febrero de 2022, marcó un hito histórico en los derechos reproductivos y colocó al país como referente regional en la materia.
Desde entonces, miles de mujeres y personas gestantes han podido acceder a interrupciones voluntarias del embarazo de manera segura dentro del sistema de salud, lo que ha contribuido a reducir de forma significativa los abortos clandestinos y los riesgos asociados a procedimientos en condiciones inseguras. Según datos de Profamilia, más de 213.000 personas han tenido abortos seguros en Colombia desde la despenalización, y en 2025 se realizaron cerca de 60.000 atenciones de interrupción voluntaria del embarazo, la mayoría antes de las 12 semanas y con métodos farmacológicos.
A pesar de estos avances, no todas las personas en Colombia pueden ejercer este derecho con igual facilidad. En zonas rurales, fronterizas y territorios afectados por el conflicto armado, la garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo desigual. El estigma social, la desinformación, las barreras administrativas y las dificultades para acceder a información clara sobre las rutas de atención son desafíos que enfrentan especialmente las mujeres migrantes y quienes viven alejadas de centros urbanos.
Organizaciones defensoras de derechos sexuales y reproductivos, como las que conforman el movimiento Causa Justa, han señalado que la despenalización por sí sola no garantiza el acceso real. La objeción de conciencia por parte de profesionales de la salud, la falta de capacitación en algunas instituciones y la ausencia de una red pública sanitaria robusta que brinde información adecuada continúan siendo obstáculos importantes.
Este sábado, en Bogotá y otras ciudades, se convocaron manifestaciones —pañuelazos— para recordar los cuatro años del fallo y exigir que se avance en la implementación efectiva del derecho al aborto libre, seguro y accesible en todo el territorio nacional.
Mientras tanto, expertos y activistas insisten en que se requieren políticas públicas más fuertes, campañas de información claras y acciones concretas que aseguren que el derecho reconocido en la ley se traduzca en acceso real, sin discriminaciones por ubicación geográfica, condición migratoria o nivel socioeconómico.
