Remedios, Antioquia. Decenas de familias campesinas han tenido que abandonar sus hogares en la vereda Tamar Bajo y desplazarse al municipio de Yondó como consecuencia de los intensos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo armado del Clan del Golfo, que se disputan el control territorial en el nordeste antioqueño.
Los pobladores, en su mayoría campesinos, han llegado a la Casa de la Cultura de Yondó buscando refugio y atención humanitaria, luego de que la violencia aumentara en las últimas semanas y pusiera en riesgo la vida de civiles. Se estima que un total de 55 personas —integradas en más de veinte familias— abandonaron sus ranchos y tierras ante la escalada de combates armados, dejando atrás sus pertenencias, cultivos y animales.
Autoridades locales han señalado que la mayoría de los desplazados son menores de edad, y se encuentran también dos mujeres en estado de embarazo entre los refugiados. El alcalde de Yondó, Yerson Ariza, expresó su preocupación por los niños, quienes están “expuestos al reclutamiento de grupos armados en estas veredas”, señalando el peligro que enfrentan mientras permanecen en el albergue.
Las familias desplazadas han solicitado una mayor presencia de la Fuerza Pública en el territorio para poder regresar de manera segura a sus hogares y reanudar sus labores agrícolas. Aunque el Ejército Nacional ha iniciado operaciones en la zona para intentar retomar el control de las áreas rurales de Remedios, las autoridades han advertido que el terreno está minado con artefactos explosivos improvisados, lo que complica las labores de recuperación y seguridad.
El conflicto entre el ELN y el Clan del Golfo responde a una disputa por rutas de narcotráfico, minería ilegal y espacios estratégicos, y ha generado no solo desplazamientos sino también confinamientos y grados crecientes de inseguridad en comunidades rurales que históricamente han padecido la presencia de grupos armados ilegales. La violencia ha obligado a pobladores a refugiarse incluso en escuelas o zonas urbanas cercanas, buscando protegerse del fuego cruzado mientras esperan soluciones institucionales que garanticen su retorno seguro.
Las autoridades civiles y militares insisten en que la presencia del Estado debe fortalecerse para asegurar corredores humanitarios, reducir la presión de los grupos ilegales y permitir que las familias campesinas regresen a sus tierras sin poner en riesgo su vida y su integridad.
