El gobierno del presidente Donald Trump ha iniciado un nuevo proceso para adquirir y potencialmente expropiar terrenos privados a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, como parte de su plan de reforzar el muro fronterizo, un proyecto emblemático de su política migratoria que busca ampliar la barrera a lo largo de más de 3.000 kilómetros de frontera.
En ciudades del sur de Texas, como Laredo, decenas de propietarios han recibido notificaciones oficiales que les dan un plazo de cinco días para aceptar las condiciones del gobierno: permitir el acceso a su propiedad para obras, negociar una compensación o enfrentar el proceso de expropiación si no acceden a las propuestas.
Los documentos gubernamentales fechados el 13 de febrero detallan tres opciones para los propietarios: aceptar una compensación inicial para acceso a la tierra, negociar un contrato de compra o servidumbre, o enfrentar la expropiación si no hay acuerdo. Esta estrategia busca facilitar el avance de la construcción del muro y otras infraestructuras de seguridad fronteriza bajo la llamada iniciativa del “muro inteligente”, que combina barreras físicas, caminos de patrulla y tecnología de detección.
En zonas como Laredo, algunos residentes han expresado su preocupación. Antonio Rosales Jr., un ciudadano de 75 años que recibió una carta del gobierno, afirmó que las autoridades pretenden derribar parte de su vivienda si no firma los documentos solicitados. Activistas han denunciado que estas medidas constituyen una apropiación masiva de tierras privadas que afecta no solo a viviendas, sino también a negocios y terrenos productivos.
El plan de Trump para el muro incluye no solo barreras tradicionales, sino también tramos con barreras acuáticas, caminos de patrullaje y equipamiento tecnológico avanzado para detección fronteriza. Aunque partes de la frontera ya contaban con barreras físicas antes del inicio del segundo mandato del mandatario, el proyecto busca completar y extender la infraestructura para reforzar el control migratorio y de seguridad en la frontera sur de los Estados Unidos.
Los críticos de la estrategia señalan que las expropiaciones y la expansión del muro podrían tener impactos negativos en las comunidades fronterizas, afectando viviendas, entornos naturales y relaciones transfronterizas con México, además de suscitar debates sobre derechos de propiedad y el uso de poderes gubernamentales para proyectos de infraestructura en tiempos de polarización política.
