La Contraloría General de la República lanzó fuertes cuestionamientos a la declaratoria de emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional para atender las graves inundaciones en el departamento de Córdoba, al advertir que las cifras presentadas para justificar la medida carecen de sustento técnico y precisión.
El pronunciamiento fue enviado a la Corte Constitucional, instancia que adelanta el estudio de constitucionalidad del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, con el cual el Ejecutivo declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en varias regiones del país afectadas por la temporada invernal.
Cifras “poco confiables”, según el ente de control
En su concepto, la Contraloría aseguró que la información presentada por el Gobierno para respaldar la declaratoria presenta debilidades significativas, especialmente en la estimación de daños y en el monto de recursos solicitados, calculados en cerca de 8 billones de pesos.
“El soporte financiero no permite verificar con claridad la magnitud real de los daños”, señala el documento, al advertir que no existen estudios suficientemente detallados que respalden la cifra global planteada para atender la emergencia en Córdoba y otros departamentos.
Diferencias en la medición de las áreas inundadas
Uno de los puntos más críticos del análisis es la inconsistencia en la medición de las zonas afectadas por las lluvias. Mientras la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó más de 113.000 hectáreas inundadas en Córdoba, la Contraloría estimó alrededor de 66.000 hectáreas, una diferencia superior a 47.000 hectáreas.
Según el órgano de control, esta brecha se explicaría por errores metodológicos, como la inclusión de áreas no susceptibles de inundación y la falta de depuración en los datos geoespaciales, lo que impacta directamente la cuantificación de daños y los costos proyectados.
Falta de planeación y trazabilidad
La Contraloría también cuestionó que los recursos solicitados no hacen parte de un plan integral y articulado, sino que corresponderían a una sumatoria de necesidades sectoriales elaboradas de manera independiente, sin una metodología homogénea que garantice trazabilidad, priorización y control del gasto.
Además, el organismo advirtió que no se evidencia por qué el Gobierno no agotó previamente los mecanismos ordinarios previstos en la legislación para atender emergencias climáticas, como ocurrió en episodios similares en años anteriores.
Llamado a la Corte Constitucional
Aunque la Contraloría reconoció la gravedad de la situación humanitaria en Córdoba y la necesidad de una respuesta estatal inmediata, insistió en que la Corte Constitucional debe evaluar con rigor la proporcionalidad de la medida, dado que la emergencia económica otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo y tiene un impacto significativo sobre las finanzas públicas.
La decisión final quedará en manos del alto tribunal, que deberá determinar si la declaratoria cumple los requisitos constitucionales y si las cifras presentadas por el Gobierno justifican el uso de recursos excepcionales para atender la crisis invernal.
