El Gobierno de Venezuela anunció el cierre definitivo de la Ley de Amnistía, un mecanismo excepcional que estuvo vigente desde el pasado 19 de febrero y que buscaba aliviar las tensiones sociales mediante la liberación de presos políticos. La decisión fue oficializada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien además presentó el inicio de una reforma integral al sistema judicial venezolano.
Según explicó la alta funcionaria, la Ley de Amnistía cumplió su ciclo tras una amplia revisión institucional. De acuerdo con cifras entregadas por el Ejecutivo, cerca de 12.000 personas solicitaron acogerse al beneficio, y 8.616 obtuvieron la libertad plena luego de un estudio individual de sus expedientes por parte de las autoridades competentes.
Rodríguez aclaró que el cierre del régimen extraordinario no implica el abandono de los casos que no fueron beneficiados. Los expedientes que quedaron por fuera del proceso podrán ser evaluados a través de nuevos mecanismos institucionales, que se integrarán a la transformación estructural del sistema de justicia anunciada por el Gobierno.
Como parte de esta nueva etapa, el Ejecutivo creó la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, un organismo que tendrá como secretario al fiscal general, Larry Devoe. Esta comisión será la encargada de liderar un diagnóstico profundo del aparato judicial y formular propuestas de cambio con enfoque en derechos humanos y estándares internacionales.
La presidenta encargada señaló que la reforma judicial apunta a establecer reglas permanentes, con mayores niveles de transparencia, control y mecanismos de revisión más sólidos. A diferencia de la Ley de Amnistía —concebida como una medida temporal— el nuevo plan busca sentar las bases para una transformación estructural del sistema penal venezolano.
El Gobierno sostiene que este proceso es fundamental para avanzar hacia la consolidación de la paz social y fortalecer la institucionalidad en el país. La consulta nacional será uno de los ejes centrales para recoger propuestas y observaciones de distintos sectores de la sociedad sobre el futuro de la justicia en Venezuela.
Con este anuncio, Venezuela entra en una nueva fase política e institucional, marcada por el cierre de medidas excepcionales y la apuesta por una reforma judicial de largo alcance, en medio del escrutinio nacional e internacional.
