La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación emitieron un contundente pronunciamiento en el que exigen la liberación inmediata y sin condiciones de cuatro funcionarios estatales que permanecen en poder del ELN, tras ser sometidos a un denominado “juicio revolucionario”.
Se trata de dos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y dos uniformados de la Policía Nacional, quienes fueron retenidos por el grupo armado ilegal en hechos ocurridos en el departamento de Arauca.
Según se conoció, el ELN habría impuesto condenas de varios años de cautiverio a estos funcionarios, bajo su propia figura de “justicia”, lo que generó un fuerte rechazo por parte de las instituciones del Estado.
Rechazo al “juicio revolucionario”
En su pronunciamiento, las altas entidades judiciales dejaron claro que este tipo de acciones no tienen legitimidad y constituyen una grave violación al orden jurídico colombiano.
“La administración de justicia corresponde exclusivamente a los jueces y a las instituciones del Estado”, señalaron, insistiendo en que ningún grupo armado ilegal tiene facultad para juzgar o condenar ciudadanos.
Asimismo, recalcaron que la vida, integridad y libertad de los funcionarios deben ser respetadas, por lo que pidieron su liberación sin ningún tipo de condicionamiento o intercambio.
Funcionarios retenidos
Los agentes afectados pertenecen tanto a la Fiscalía como a la Policía Nacional. En el caso del CTI, los funcionarios cumplían labores relacionadas con la protección y asistencia a víctimas dentro del sistema judicial.
Por su parte, los uniformados de la Policía también fueron incluidos en la decisión del grupo armado, que busca prolongar su retención bajo el argumento de una supuesta condena.
Llamado a la liberación sin condiciones
El pronunciamiento se suma a múltiples voces del Estado y organismos que han rechazado el secuestro y el intento de usar a los funcionarios como fichas de negociación.
Desde el Gobierno y otras instituciones ya se había advertido que este tipo de acciones constituyen un crimen y no pueden ser justificadas bajo ningún contexto político o ideológico.
Con este nuevo llamado, la Corte Suprema y la Fiscalía reiteran la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario y garantizar el retorno de los funcionarios a sus hogares.
Por ahora, el caso sigue en desarrollo mientras se mantiene la presión institucional para lograr su liberación.
