Un juez federal de Miami ordenó una indemnización de 314 millones de dólares para tres ciudadanos estadounidenses que aseguraron haber sido víctimas de torturas mientras permanecían detenidos en Venezuela. La decisión judicial menciona a Nicolás Maduro, al empresario Alex Saab y a otros altos funcionarios venezolanos.
Un tribunal de Estados Unidos emitió una sentencia de rebeldía que obliga al pago de 314 millones de dólares a favor de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sufrido torturas físicas y psicológicas durante el tiempo que estuvieron encarcelados en Venezuela.
La decisión fue tomada por el juez federal Darrin P. Gayles, de Miami, y se dirige contra Nicolás Maduro, Alex Saab y otras cinco personas vinculadas al régimen venezolano. Según la información divulgada por Associated Press y recogida por NTN24, los demandantes señalaron que fueron sometidos a prácticas como golpizas y electrocución mientras permanecían bajo custodia.
Los tres estadounidenses recuperaron su libertad en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas durante la administración de Joe Biden. Dos años después, decidieron presentar la demanda en territorio estadounidense para buscar reparación por los presuntos abusos sufridos durante su detención.
La sentencia se conoce en medio de otros procesos judiciales que involucran al exmandatario venezolano. De acuerdo con el reporte, Maduro enfrenta audiencias en Estados Unidos y también ha sido demandado recientemente por familiares de seis jóvenes asesinados en Caracas en hechos que ocurrieron entre 2017 y 2021.
En el fallo no fue incluida Delcy Rodríguez, actual jefa de Estado venezolana, pese a que inicialmente figuraba entre los demandados. El tribunal consideró aspectos relacionados con su condición de mandataria en ejercicio y la comparecencia de su equipo jurídico en el proceso.
La indemnización de US$314 millones representa uno de los fallos más significativos relacionados con denuncias de violaciones a los derechos humanos contra altos funcionarios venezolanos en tribunales estadounidenses. Sin embargo, aún queda por verse si los demandantes logran hacer efectivo el cobro de la millonaria suma ordenada por la justicia.
