La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) acusados de abusar sexualmente de una reclusa en la cárcel El Pedregal, en Medellín, en hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2024 y que generaron gran conmoción en el sistema penitenciario colombiano. De acuerdo con las investigaciones, el primer ataque se presentó en la madrugada del 29 de agosto de ese año, cuando uno de los custodios ingresó de manera irregular a la celda de la interna ubicada en la Unidad de Tratamiento Especial, la intimidó con amenazas verbales y físicas y la obligó a sostener relaciones sexuales sin su consentimiento. Apenas una semana después, el 5 de septiembre, un segundo guardia repitió la agresión bajo un patrón similar de intimidación, sumando nuevas presiones y coacciones para que la víctima no denunciara lo sucedido. Como consecuencia de estos abusos, la mujer quedó en embarazo, hecho que quedó comprobado con pruebas de ADN que confirmaron la paternidad de uno de los implicados, identificado como Diego Stiven Castaño Sánchez. Además, según relató la víctima, le fue suministrada una sustancia desconocida que generó una amenaza de aborto y puso en grave riesgo su salud, lo que añade mayor gravedad al caso.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía permitieron establecer la plena responsabilidad de los funcionarios, y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional se realizaron operativos en distintos municipios para dar con su paradero. Finalmente, Castaño Sánchez fue capturado en Puerto Triunfo, Antioquia, mientras que el otro dragoneante, identificado como Alvarado Torres, fue detenido en La Dorada, Caldas. Ambos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien avaló las imputaciones por los delitos de acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión, cargos que ninguno de los procesados aceptó. El juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Castaño Sánchez, mientras que Alvarado Torres continúa vinculado al proceso bajo investigación.
El caso ha despertado fuertes críticas hacia el INPEC y el sistema penitenciario colombiano en general. Organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Veeduría Penitenciaria Nacional, señalaron que situaciones de este tipo no son aisladas, pues existen antecedentes en los que internas que denuncian abusos sexuales terminan siendo trasladadas a otros centros penitenciarios con el fin de silenciarlas o evitar que sus testimonios tengan repercusión pública. Para estas organizaciones, el hecho pone de manifiesto una falla estructural en la protección de las mujeres privadas de la libertad y revela cómo la violencia sexual sigue siendo una realidad silenciada en las cárceles del país.
La Fiscalía aseguró que continuará investigando con prioridad este tipo de conductas, tanto para garantizar justicia como para proteger a las víctimas y evitar que hechos similares se repitan en los establecimientos penitenciarios. El caso de El Pedregal se suma a una larga lista de denuncias sobre corrupción, abuso de poder y violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles en Colombia, lo que vuelve a poner en el centro del debate público la urgencia de una reforma profunda al sistema carcelario y a los mecanismos de control sobre el personal que labora en estos centros de reclusión. Mientras tanto, la interna afectada sigue recibiendo acompañamiento médico y psicológico, en medio de un proceso judicial que se convierte en símbolo de resistencia frente a las múltiples vulneraciones que enfrentan las mujeres en condición de reclusión.
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