Colombia enfrenta el riesgo de quedarse sin gas natural hacia finales de 2026. Esta situación se debe a la caída sostenida de los antiguos campos productores, la falta de nuevos descubrimientos, y demoras burocráticas que han impedido poner en marcha la solución de importar gas mediante una planta regasificadora.
Los campos como Chuchupa y Ballena, con más de tres décadas de explotación, están mostrando una declinación de producción de aproximadamente un 20 % anual. Esa pérdida de volumen no ha sido compensada por nuevas fuentes nacionales, y lo importado cubre solo una parte mínima de lo que el país necesita.
Una propuesta concreta para evitar el desabastecimiento consiste en instalar una planta para regasificación en el Caribe colombiano, posiblemente en La Guajira, que permita incorporar gas licuado importado (GNL) mediante una unidad flotante. Esta planta tendría capacidad para recibir cientos de millones de pies cúbicos diarios, y usar parte de la infraestructura ya existente.
Sin embargo, varios actores del sector señalan que Ecopetrol ha obstaculizado el avance de este proyecto. Las trabas incluyen demoras para otorgar permisos ambientales, retrasos en los estudios técnicos, y discusiones sobre licencias que no avanzan.
Entre tanto, ha surgido una controversia relacionada con la empresa Gaxi S.A. ESP, vinculada al coronel retirado Juan Guillermo Mancera, quien habría firmado un memorando con Hocol (filial de Ecopetrol) para operar una unidad flotante de regasificación, lo que para algunos implicaría un favoritismo. Ecopetrol afirma que no hay adjudicación formal aún y que sólo se está en fase de análisis técnico y comercial.
El sector energético advierte que, si no se actúa con urgencia, el déficit de gas impactará a la industria, al comercio, y a los hogares. Las tarifas podrían subir, al tener que depender más de gas importado, que es mucho más caro debido a los costos de transporte, licuefacción y regasificación.
Una alternativa intermedia que se menciona es la denominadas “Solución Ballena”, que usaría parte de la red de gasoductos existente, como la línea Ballena–Barrancabermeja, más una unidad flotante para regasificación, con lo que se podría aliviar la escasez en un plazo corto si se superan los obstáculos regulatorios y se agilizan permisos.
Mientras tanto, proyectos futuros de Ecopetrol como Sirius se consideran estratégicos, pero no lograrían entrar en operación lo suficientemente pronto como para evitar el desabastecimiento previsto en 2026. Esa demora parece estar en el centro de la disyuntiva: ¿priorizar lo inmediato con gas importado, o mantener la apuesta por lo nacional aunque lleve más años?
