El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Daniel Quintero, fue llamado a juicio junto a nueve exfuncionarios de su gabinete y tres particulares por presuntos delitos relacionados con la modificación irregular del uso de un predio público en el sector Aguas Vivas.
La Fiscalía los acusa de intentar cambiar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para favorecer a tres ciudadanos: Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez. El objetivo habría sido justificar una compra por más de $42.700 millones, cuando el valor original del terreno era menor al 10 % de esa suma.
Entre los delitos imputados están:
Peculado por apropiación agravado
Prevaricato por acción
Interés indebido en la celebración de contratos
Según el ente acusador, al fracasar el trámite de modificación del POT, Quintero y su secretario general, Fabio Andrés García Trujillo, habrían expedido actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno y permitir actividades urbanísticas que el POT prohibía.
El caso tiene más de 500 pruebas documentales y 40 testimonios. La Fiscalía sostiene que no se trata de conjeturas, sino de un entramado jurídico que busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados.
Quintero, por su parte, respondió en redes:
“Llegó la hora de mostrar las pruebas. Les voy a tumbar el montaje judicial que me hicieron para sacarme de la presidencia”.
Este proceso judicial podría tener un fuerte impacto político, ya que Quintero es uno de los precandidatos más visibles en la consulta presidencial del Pacto Histórico. Mientras tanto, sigue en campaña, aunque con una bandera anticorrupción que ahora enfrenta serios cuestionamientos.
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