25 de septiembre de 2025 — La Procuraduría General de la Nación llevó a cabo este jueves una inspección en las oficinas centrales de Ecopetrol, en Bogotá, con el propósito de recopilar información sobre un contrato entre Hocol, filial de la petrolera estatal, y la empresa Gaxi S.A.
¿Por qué se originó la inspección?
- Se ha denunciado que Gaxi S.A., empresa vinculada al coronel (r) Juan Guillermo Mancera, allegado al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, podría haber sido favorecida en un contrato para la compra/importación/regasificación de gas.
- Hay preocupación también por la adquisición de un apartamento en Bogotá por parte de Ricardo Roa a un empresario, Serafino Iacono, operación que según la investigación estuvo relacionada con la figura de Mancera.
- Se menciona que el contrato podría generar ingresos anuales muy elevados, en el orden de US$600 millones, por el negocio de regasificación.
Qué busca la Procuraduría con la inspección
- Verificar posibles irregularidades o riesgos en los procedimientos contractuales entre Hocol y Gaxi S.A.
- Recoger documentos e información, tanto física como digital, y realizar cuestionamientos formales a directivos de Ecopetrol. Entre los citados están Ricardo Roa, vicepresidentes/as y directores de las áreas de abastecimiento, auditoría interna, cumplimiento y secretaría general.
- El objetivo no es intervenir operativamente (“coadministrar”) sino ejercer vigilancia preventiva para advertir riesgos que puedan afectar los recursos públicos y la transparencia.
Respuesta de Ecopetrol
- Ecopetrol ha negado haber instruido acciones para favorecer a Gaxi S.A.
- Explican que lo que se ha avanzado hasta ahora son “sondeos de mercado” para proyectos de regasificación (por ejemplo, plantas flotantes) sin que haya decisiones firmes sobre adjudicación, ubicación, tecnología o mecanismo legal.
- Manifiestan que entregarán la información requerida y colaborarán con la Procuraduría, manteniendo como principios la transparencia y cumplimiento legal.
Posibles implicaciones
- Si se confirman irregularidades, podrían abrirse investigaciones disciplinarias o sanciones para los responsables, incluyendo altos directivos de Ecopetrol.
- Cuestionamientos públicos que podrían afectar la reputación institucional, especialmente de su presidente, Ricardo Roa, cuya cercanía con Mancera y con las operaciones mencionadas está siendo objeto de escrutinio.
- Posible impacto político, dada la sensibilidad de los contratos estatales en sectores como el gas y la energía, donde la opinión pública exige transparencia.
